VENEZOLANOS igual a ENEMIGOS: la guerra de DONALD TRUMP convirtió el SUEÑO AMERICANO en la peor pesadilla
La ley de Enemigos Extranjeros usada por Trump como argumento para las deportaciones masivas de venezolanos no se había usado desde la Segunda Guerra Mundial
Las imágenes de los venezolanos que llegaron deportados a El Salvador, procedentes de Estados Unidos, y que luego fueron ingresados como delincuentes, por supuestamente ser integrantes del Tren de Aragua, a la mega prisión edificada por Nayib Bukele, para albergar a los delincuentes más peligrosos, no causó otra cosa que indignación.
A esto se sumó el miedo que invade a los miles de connacionales que viven en ese país, cuyo presidente, Donald Trump, literalmente, los ha convertido en enemigos.
Y este hecho es tan así, que, para deportar a los 232 venezolanos, Trump desempolvó la Ley de Enemigos Extranjeros que data de 1798.
Luego, el mandatario estadounidense argumentó: “El Tren de Aragua está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio”.
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Sorpresa y repudio
Casi de inmediato, la reacción no se hizo esperar, tanto nacional como internacionalmente.
Diversos sectores dentro y fuera de Estados Unidos, como las ONG defensoras de derechos humanos y analistas, han advertido que la invocación de este recurso por parte de Donald Trump podría constituir un abuso de poder y supone un riesgo para la población migrante en suelo estadounidense.
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¿De qué trata la Ley de Enemigos Extranjeros?
La Ley de Enemigos Extranjeros, le da las facultades al presidente de EE.UU. para detener y deportar a extranjeros en caso de guerra declarada o de una “invasión” o “incursión depredadora”, tal y como explica la revista independiente estadounidense ‘Just Security’.
Puntualmente, la ley le permite perseguir a todos los “nativos, ciudadanos, residentes o súbditos” de la nación o Gobierno hostil, explica el medio especializado en política y justicia estadounidense.
Asimismo, indica que el recurso no distingue entre extranjeros que se encuentran regularizados en Estados Unidos y foráneos con estatus legal establecido, ni tampoco entre extranjeros “leales y desleales”.
Bajo este concepto, todos los venezolanos mayores de 14 años se pueden considerar integrantes de esa organización en Estados Unidos y si no estén naturalizados o incluso cuenten con el estatus de residentes permanentes, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados en calidad de enemigos extranjeros.
A su vez, esta legislación de larga data no exige que el jefe de Estado demuestre ninguna mala conducta o amenaza que representen los extranjeros objetos de la detención, por lo que la norma no brinda un recurso ni procedimiento para probar su lealtad a Estados Unidos o para apelar la decisión del mandatario.
¿Cuándo se ha aplicado?
Hasta esta fecha, la normativa había sido aplicada en tres ocasiones, todas relacionadas con conflictos bélicos: en la Guerra de 1812, en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial.
En ese sentido, la ley no había sido invocada desde la segunda contienda mundial (1939-1945), cuando el entonces presidente Franklin D. Roosevelt aplicó el recurso para el encarcelamiento masivo de estadounidenses de origen japonés. Se estima que unas 120.000 personas de ascendencia de ese país oriental fueron encarceladas durante la guerra.
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Discurso de odio
Para el analista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, “todo país tiene el derecho soberano de decidir a quién permite entrar y permanecer en tu tierra y por supuesto, castigar y deportar a quienes han cometido delitos”.
Sin embargo, remarca que “una cosa es la justicia y otra la discriminación, pero generalizar y estigmatizar a toda una nacionalidad es injusto y peligroso”.
León asegura que “la mayoría de los venezolanos son gente trabajadora, honesta y de bien. No merecen ser tratados como criminales ni ser víctimas de discursos que fomentan el odio. Defender la ley no debe significar violar los derechos humanos”.
Difamación y mentira
Por su parte, el dirigente opositor, David Uzcátegui, aseguró que “para validar su desquiciado proceder”, el gobierno de EE.UU. ha “magnificado las dimensiones y el poder de una banda criminal que efectivamente existe y es muy peligrosa, pero que dista mucho de tener el alcance que los funcionarios estadounidenses le han dado para validar la persecución desatada contra venezolanos, amparada bajo una campaña de medios basada en la exageración, la difamación y la mentira”.
Para él, “este episodio evidencia la deshumanización con la que se está tratando a los migrantes venezolanos en suelo estadounidense. La falta de un debido proceso, la criminalización sin pruebas y la deportación a un país donde no tienen ningún vínculo ni historial criminal representan una violación flagrante a los derechos humanos. Es una alerta sobre los peligros de políticas migratorias basadas en el abuso, el miedo y la discriminación”.
También recuerda que “un principio legal irrenunciable es que la sanción debe ser proporcional a la falta”.
Por lo que “cada caso debe ser juzgado individualmente, ya que no es lo mismo haber entrado de manera irregular que haber cometido un crimen”.
A su juicio, “la comunidad internacional debe exigir transparencia en estos procesos y garantizar que los migrantes reciban el trato digno y el respeto a sus derechos que merecen. El mundo debe alzar la voz ante tan grave atropello”.
Alerta a la comunidad internacional
A propósito de estos hechos, en Venezuela, 9 ONG venezolanas se han pronunciado contra deportación masiva e indiscriminada de venezolanos.
En un comunicado, recordaron que, estas deportaciones, “sin una evaluación rigurosa de sus circunstancias individuales, tomando en cuenta que su país enfrenta una grave situación de derechos humanos y una compleja y difícil situación política, constituyen violaciones al principio de no devolución y a las garantías procesales fundamentales e incrementa su vulnerabilidad”.
“Estas acciones vulneran los derechos humanos en general, el debido proceso y los principios fundamentales del Derecho Internacional, que todos los Estados sin excepción están obligados a acatar”.
Agregan que “estas prácticas fomentan la discriminación y la xenofobia. Resulta muy doloroso que se criminalice a un grupo poblacional como un efecto demostrativo para castigar y coaccionar y así reducir el flujo migratorio”.
Tal como sostiene Luis Vicente León, las ONG creen que “cada país tiene el derecho de aplicar sus mecanismos migratorios, pero estos deben desarrollarse siempre en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Del mismo modo, la persecución de quienes hayan cometido crímenes debe realizarse bajo el cumplimiento de todas las garantías judiciales, independientemente del delito que puedan haber cometido”, agregan.
Las organizaciones instan “a comunidad internacional, los organismos de protección internacional de los derechos humanos y la sociedad civil venezolana y regional a insistir en el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y protección de las personas migrantes”.
Sin pruebas … solo errores
Ante la avalancha de críticas y reacciones adversas, los medios de comunicación estadounidenses que, tradicionalmente habían apoyado a sus mandatarios, se han dado a la tarea de reflejar testimonios de las familias de los migrantes que han encontrado en estos, una ventana para denunciar la injusticia de las detenciones, pues sin mediar un proceso judicial, y en clara violación a los DD.HH., sus seres queridos están en una cárcel y de las más estrictas, por no decir más, del mundo.
La cadena Univisión, por ejemplo, ha publicado varios reportajes donde abogados y expertos consultados y que defienden varios casos, afirman que no hay pruebas, papeles con evidencias sólidas, como antecedentes criminales verificados de los detenidos, que sirvan como excusa para las detenciones y deportaciones.
Tampoco hay declaraciones de miembros confirmados del Tren de Aragua que permitan armar una estructura operativa de la banda criminal en Estados Unidos e identificar a sus integrantes y cabecillas.
Tampoco el gobierno de Donald Trump las ha presentado, como sí lo han hecho otros países de América Latina.
Solo hay decisiones administrativas o declaraciones sin pruebas de funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —y otras agencias migratorias— para fichar a venezolanos como integrantes de esta organización.
«Son decisiones administrativas sin que se le dé una verdadera oportunidad a la persona que está siendo identificada como miembro de una banda para enterarse del basamento de esa acusación, para que pueda tener la oportunidad de revisar si existe evidencia en su contra y si puede pelearla», dijo Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nuevo México.
Ella forma parte de un equipo conformado por varias organizaciones que han defendido varios casos.
«Se está violentando el debido proceso, el derecho al defensa previsto en la Constitución (…) ¿Por qué? Porque básicamente tú no puedes incriminar a alguien con unas pruebas que no son suficientes», dijo a su vez el abogado experto en migración Ángel Álvarez.
Algunos ejemplos
Univisión publicó algunos ejemplos de cómo el gobierno de Estados Unidos ha concluido que ciudadanos venezolanos son miembros del Tren de Aragua, sin pruebas contundentes.
La cadena decidió proteger la identidad de algunos de los abogados y de los afectados, por su seguridad.
Destaca un caso donde la evidencia contra el venezolano es una entrevista hecha por un agente que quedó registrada en una planilla.
Este venezolano fue detenido por agentes de ICE cuando iba saliendo de su casa en Miami a finales de 2024.
Su abogado dijo a Univisión Noticias que lo abordaron “con pistolas, como si fuera un delincuente”.
Las autoridades aseguraban que sus rasgos físicos “hacían match con la descripción de un miembro del Tren de Aragua”.
Lo llevaron al centro de detención de ICE en Krome, casi a una hora al oeste de Miami, en Florida.
“Fueron muchas horas de interrogatorio”. “Básicamente trataron de que él dijera que era miembro del Tren de Aragua (…) Le preguntaron dónde están los demás miembros, dónde había armamento, drogas”, dijo el abogado.
También le revisaron su cuenta de Facebook, pero hallaron nada. El abogado cuenta que el joven les explicó que no tenía ninguna información relacionada con las preguntas de los agentes.
La entrevista de este venezolano quedó documentada por un oficial del Departamento de Seguridad Nacional en la planilla I-213, también conocida como «Registro de extranjero deportable/inadmisible».
Fue llenada por quien entrevistó al joven una vez que fue detenido en el centro de ICE. En este papel, y sin detallar las evidencias, describen así su historia criminal: «Ha sido identificado como un miembro del Tren de Aragua, una pandilla venezolana violenta», destaca el experto.
El abogado asegura que ni la planilla ni los argumentos del fiscal en la audiencia pudieron constatar la relación de su cliente con la organización criminal. Cree que se trató de una “detención arbitraria” y “sin pruebas”.
“No existe ninguna evidencia de que él está ligado al Tren de Aragua, ni siquiera física, porque no hay ninguna foto de algún miembro de la banda con la que se podían comparar las características físicas de esta persona y los tatuajes” que presentó el Departamento de Seguridad Nacional, explica.
El abogado intentó pedir una fianza para que el joven pudiera esperar la resolución de su caso de asilo en libertad. “El gobierno se enfocó en que era un peligro para la comunidad por estar identificado como miembro del Tren de Aragua. El juez decidió con las pruebas que había, que lamentablemente tenía que negar la fianza”.
Los tatuajes
Univisión también destaca otros casos, donde las únicas pruebas son los tatuajes de los detenidos.
«Según el formulario, esos tatuajes tienen alguna asociación con el Tren de Aragua. Él lo niega. Ellos nunca le mostraron una copia en español para que la firmara y verificara la información», se lee en otros casos trabajados por la cadena.
“Los tatuajes incluían un dibujo animado, un aguacate, una silueta que era mitad tigre y mitad mujer, un triángulo de las Bermudas, una serpiente, una cruz con un ángel, una corona y un dragón. El gobierno relacionó con el Tren de Aragua tanto la corona como el triángulo”.
Reportes de la patrulla fronteriza
También abundan los casos donde las deportaciones parten de los errores cometidos por los agentes de la patrulla fronteriza, al hacer sus reportes.
«De forma rutinaria fallan en identificar con precisión lo que una persona le dijo a un funcionario que los procesó en la frontera (…) Hay montañas de evidencia que muestran que con frecuencia son imprecisas y falsificadas. No hay razón para que se le dé ese peso y credibilidad a un documento como ese, para que defina si el gobierno debe o no considerar a alguien como miembro de una pandilla», dice la cadena en otro reportaje.
Sin antecedentes
LA agencia AFP también ha recolectado testimonios de familiares de los detenidos en El Salvador.
Jhon Chacín está en el grupo que terminó en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Es tatuador de profesión.
«No tiene ningún tipo de antecedente, nunca había estado detenido», dijo a la AFP su hermana Yuliana Chacín. «Le decían que pertenecía a una banda criminal por tener tantos tatuajes».
Tiene tatuada una flor, un reloj, un búho, calaveras, el nombre de sus padres, el de sus hijos.
Sin noticias por días, la familia de Chacín lo identificó en los videos de reclusos con las cabezas rapadas, encadenados y custodiados por agentes encapuchados.
Los tatuajes fue lo primero que vieron, al igual que muchos familiares desesperados que piden ayuda. El gobierno del izquierdista Nicolás Maduro dijo que contrató un bufete de abogados en El Salvador para presionar por su libertad.
Jerce Reyes, un exjugador de fútbol que solicitó asilo en Estados Unidos, fue detenido por la policía migratoria ICE y enviado al Cecot.
Su tatuaje, un balón con una corona y un rosario junto a la palabra «Dios», «son indicativos de que integraba la pandilla TdA», escribió en X la secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin. «Las labores de inteligencia del DHS van más allá de solo un tatuaje y confiamos en nuestros hallazgos».
«No lo hace un criminal» –
Edward Hernández Herrera salió de Venezuela en 2023. Atravesó la peligrosa selva del Darién rumbo a Estados Unidos. Es uno de los casi ocho millones de venezolanos que migraron desde 2014 para huir de una crisis severa.
Hernández fue detenido el 12 de marzo y tenía orden de deportación a Venezuela. Fue sin embargo enviado al Cecot.
Como los Chacín y muchos otros, su familia se enteró por las imágenes divulgadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Hernández tiene tatuadas, por ejemplo, dos espigas en el pecho y en el medio el nombre de su hija. «Que lleve tatuajes no lo hace un criminal», dijo a la AFP su madre, Yarelis Herrera.
Lo mismo pasó con Ringo Rincón, 39 años, o Andy Perozo, de 30, también presos en El Salvador, ambos con tatuajes.
Rincón por ejemplo lleva «un reloj que es la hora cuando nació su hija mayor» en un brazo, contó su esposa Roslyany Camaño. Perozo tenía los nombres de sus padres.
Con información de Univisión, Provea y AFP
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