Transparencia Venezuela reclama a Volker Türk por no condenar la corrupción en Venezuela (+Detalles)
Esta no es la primera vez que el Alto Comisionado evita pronunciarse sobre la corrupción. En su informe de 2023, tampoco hizo ninguna mención al tema
Los derechos humanos en Venezuela van como el cangrejo: para atrás. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, así lo dejó claro en su último informe sobre la situación de las garantías en el país, en el cual denunció que entre mayo de 2024 y abril de 2025 se han producido serios retrocesos, anunció la ONG Transparencia Venezuela (TV).
Sin embargo, la organización, aunque dice que “son muy valiosos sus esfuerzos por denunciar las graves violaciones perpetradas en Venezuela”, Türk insistió “en obviar el impacto y responsabilidad que tiene la gran corrupción en la violación e incumplimiento de los derechos fundamentales de los venezolanos”.
El Alto Comisionado no hizo una sola mención a la corrupción en su reporte ni en el discurso que ofreció el pasado 27 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dice TV.
La posición de Türk va a contracorriente de lo que otros organismos internacionales han señalado. “La corrupción es un complejo fenómeno que afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales-, así como al derecho al desarrollo; debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad”, declaró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su resolución 1/18, titulada “Corrupción y derechos humanos”.
En ese instrumento, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) formuló una serie de recomendaciones a los Estados de la región para combatir este flagelo, entre las cuales figura “garantizar la independencia, imparcialidad, autonomía y capacidad de los sistemas de justicia”. De allí que la CIDH publicara el 6 de diciembre de 2019 el documento Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.
La corrupción y el crimen organizado buscan controlar, capturar o intervenir el sistema de justicia para garantizar su impunidad, lo que en los Estados autoritarios y corruptos -como es el caso de Venezuela- hace inoperativo el sistema de garantías de equidad, justicia y reparación, imponiendo la represión, la persecución y las violaciones al Estado de derecho como mecanismo para mantener los privilegios de la pequeña élite en el poder.
Esta no es la primera vez que el Alto Comisionado evita pronunciarse sobre la corrupción. En su informe de 2023, tampoco hizo ninguna mención al tema.
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Los retrocesos en derechos humanos en Venezuela
Al iniciar su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk declaró: “Me preocupa que la situación de los derechos humanos en Venezuela se haya deteriorado”.
Y como ejemplo, en su informe denunció que la gestión de la cárcel de El Rodeo I (Miranda) fue entregada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), e indicó que recibió reportes de que tanto este organismo como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) vuelven a tener presos en sus calabozos.
“El traspaso de la gestión de los centros de detención a los servicios de inteligencia civiles y militares refleja un retroceso en la aplicación de la recomendación previa del Acnudh de transferir a todas las personas detenidas en instalaciones de los servicios de inteligencia a centros bajo autoridad civil”, expuso Volker Türk.
En 2021, Nicolás Maduro dictó un decreto mediante el cual ordenó al Sebin y a la Dgcim que traspasaran a todos las personas que tenían bajo su custodia al Ministerio del Servicio Penitenciario. Esta decisión fue adoptada meses antes de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunciara su decisión de abrir una investigación formal por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela desde 2014.
Pero esta no fue la única regresión observada por Türk. El Alto Comisionado denunció que las desapariciones forzadas no solo continúan siendo habituales en Venezuela, sino que además se viene extendiendo el tiempo durante el cual se desconoce el paradero y la condición de las personas detenidas.
“El Acnudh documentó 84 casos de desapariciones forzadas (62 hombres, 15 mujeres y siete adolescentes) por periodos que van de uno a 159 días”, se lee en el reporte, en el cual también se revela que la suerte de “unas 28 personas que fueron sometidas a desaparición forzada tras las elecciones presidenciales (…) sigue siendo desconocida”.
Estas situaciones no habrían ocurrido si la justicia venezolana fuera independiente e imparcial. Como lo han denunciado otras instancias, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela de la ONU, los jueces y fiscales han dotado “de una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos” cometidas por el Gobierno en los últimos años.
Otros ejemplos
Türk en su informe también denunció que los derechos a la salud y a la educación no están plenamente garantizados en Venezuela.
Así, mencionó que “el 91% de los hospitales encuestados pidieron a los pacientes que trajeran suministros para ingresar en los quirófanos”.
Al hablar de la educación indicó que el promedio de asistencia escolar durante el 2024 fue de 48%, debido a la “ausencia de profesores, la suspensión de clases y la falta de recursos económicos para el alumnado”. Y en el caso de las universidades denunció que solamente recibieron 4% de los fondos que solicitaron.
Aunque Türk admitió que “la falta de información pública impidió una evaluación completa de la escala y gravedad de la situación (en lo relacionado a la salud)”, el Alto Comisionado no mencionó el impacto de los malos manejos administrativos.
Un informe de Transparencia Venezuela estimó que nada más en la trama Pdvsa Cripto el monto involucrado asciende a UDS 16.960 millones. En ese análisis se destaca el impacto social y económico del desfalco, pues se pudieron invertir USD 2.899 millones (17,1%) para mitigar la crisis del sector salud, y otros USD 1.184 millones (7%) para mejorar la red de suministro de agua potable; así como USD 1.944 millones (11,5%) para el sector educativo, uno de los más golpeados por la crisis, y USD 2.749 millones para corregir las deficiencias de infraestructura, entre otras muchas necesidades.
Un Poder Judicial independiente, organismos contralores eficientes y medidas de transparencia, como leyes de acceso a la información pública, habrían frenado el avance de la gran corrupción en Venezuela, y el Estado venezolano habría contado con recursos para garantizar a la población los servicios públicos indispensables.
Con información de Transparencia Venezuela
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