Corte Suprema de EE. UU. permite a Trump reiniciar deportación rápida de migrantes a terceros países
El fallo surge en medio de una amplia batida contra la migración por parte del gobierno de Trump, quien ha prometido deportar a millones de personas que viven ilegalmente en EE.UU.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes, que el gobierno de Donald Trump reinicie la deportación rápida de migrantes a terceros países.
La medida del máximo tribunal del país se produjo después de que funcionarios de migración pusieran a ocho personas en un avión hacia Sudán del Sur en mayo, una acción que el juez federal Brian E. Murphy, en Boston, consideró que violaba su orden.
Los migrantes, de países como Myanmar, Vietnam y Cuba, habían sido condenados por delitos graves en Estados Unidos y los funcionarios de migración han dicho que no pudieron devolverlos rápidamente a sus países de origen.
La mayoría de magistrados no detalló su razonamiento en la orden emitida, aunque los tres jueces liberales discreparon.
En su voto disidente, la jueza Sonia Sotomayor expuso que la decisión del tribunal expone a «miles de personas al riesgo de tortura o muerte».
«El gobierno ha dejado claro, con palabras y hechos, que se siente libre de la ley y libre de deportar a cualquier persona a cualquier lugar sin previo aviso ni oportunidad de ser escuchado», escribió en su voto, al que se sumaron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson.
A finales de mayo, el Ejecutivo estadounidense pidió al alto tribunal que suspendiera una orden judicial que permite a los inmigrantes impugnar sus expulsiones a lugares diferentes a su nación de origen y argumentar cómo ello pondría en peligro su seguridad.
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Aquella apelación de emergencia fue presentada por la Casa Blanca apenas horas después de que el juez Brian Murphy, de Boston, determinara que el gobierno federal había violado «incuestionablemente» dicha orden judicial previa, al enviar un vuelo de deportación a Sudán del Sur con personas de otros países (entre ellos, Cuba y México) que habían sido condenadas por delitos graves en Estados Unidos.
El magistrado insistió entonces en que estos migrantes deben tener una oportunidad real de ser escuchados si temen que ser enviados allí pueda ponerlos en peligro.
Durante aquel controversial vuelo a Sudán del Sur, un país que ha sufrido repetidas oleadas de violencia desde su independencia en 2011, los funcionarios de inmigración estadounidenses declararon que no se había podido devolverlos de manera rápida a sus países de origen.
En su lugar, las autoridades aterrizaron el avión en una base naval estadounidense en Yibuti, donde los migrantes fueron alojados en un contenedor de carga acondicionado y los oficiales que los custodiaban enfrentaron duras condiciones, incluso mientras los abogados de inmigración esperaban noticias de sus clientes.
La deportación a terceros países causa polémica
El caso se produce en medio de una amplia ofensiva migratoria por parte del gobierno de Trump, quien se ha comprometido a deportar a millones de personas indocumentadas que viven en EE. UU..
Dado que algunos países no aceptan las deportaciones estadounidenses, el gobierno ha llegado a acuerdos con otros, como Panamá y Costa Rica, para recibirlas.
La orden del juez Murphy no prohíbe las deportaciones a terceros países. Sin embargo, establece que los migrantes deben tener una oportunidad real de argumentar que podrían correr un grave peligro si son enviados a otro país.
Los jueces se han enfrentado a un problema similar en el intento de Trump de enviar a venezolanos a los que acusa de ser pandilleros a la conocida «megacárcel» de El Salvador, con pocas posibilidades de impugnar sus deportaciones en los tribunales.
En ese caso, la Corte Suprema dictaminó que los migrantes deben tener un «plazo razonable» para impugnar antes de ser deportados, e impidió que el gobierno reanudara las deportaciones mientras los tribunales inferiores determinaban exactamente cuánto tiempo debería concederse.
Sin embargo, el alto tribunal, de mayoría conservadora, falló a favor de Trump en otros casos de inmigración, allanando el camino para que su gobierno ponga fin a las protecciones legales temporales de las que se benefician cientos de miles de inmigrantes.
El caso de deportación a un tercer país ha sido uno de varios puntos críticos para el gobierno en términos legales, pero la Casa Blanca critica duramente a los jueces cuyos fallos han ralentizado las políticas del presidente.
Otra orden de Murphy, quien fue nombrado por el presidente Joe Biden, resultó en que el gobierno de Trump devolviera a un hombre guatemalteco que había sido deportado indebidamente a México, donde afirma haber sido violado y extorsionado.
El hombre, identificado en documentos judiciales como O.C.G., fue la primera persona conocida en ser devuelta a la custodia de EE. UU. tras ser deportado desde el inicio del segundo mandato de Trump.
Con información de Univisión y AP
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