En los últimos 25 años, el régimen del Socialismo del Siglo XXI, liderado primero por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro, ha sumido a Venezuela en una de las peores tragedias de su historia.



 Lo que alguna vez fue un país próspero, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, se ha convertido en un territorio devastado por la corrupción, el despilfarro y una generosidad malentendida que ha dilapidado miles de millones de dólares pertenecientes al pueblo venezolano. 



Este artículo busca arrojar luz sobre un capítulo particularmente indignante de esta debacle: los “regalos” financieros que el régimen ha hecho a otros países controlados por sus amigotes, mientras los venezolanos padecen hambre, miseria y desesperación.



Uno de los casos más escandalosos es el de Bielorrusia. Documentos filtrados han revelado que el gobierno de Alexander Lukashenko dejó de pagar más de 1.400 millones de dólares que adeudaba a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), tras un supuesto “auxilio” ordenado por Hugo Chávez. 



Para Bielorrusia, este no fue un incumplimiento, sino un “regalo” de Caracas. Sí, un regalo. Mientras los hospitales venezolanos colapsaban por falta de insumos, mientras las escuelas se caían a pedazos y los ciudadanos hacían colas interminables por un kilo de harina, el régimen chavista decidió condonar una deuda multimillonaria a un aliado político en Europa del Este.



 Este no es un caso aislado, sino parte de una política sistemática de despilfarro y entrega de los recursos nacionales a cambio de favores políticos o lealtades internacionales. 



Causa indignación recordar cómo recuperamos en mis tiempos de Gobernador de Caracas los hospitales Periférico de Catia, la Maternidad Concepción Palacios o el Hospital JM de Los Ríos, adelantamos esas obras con escasos recursos financieras, pero hoy esos centros de salud, al igual que la inmensa mayoría de la red hospitalaria de Venezuela, se encuentra en bancarrota.



La lista de ejemplos es abrumadora. Durante los años de bonanza petrolera, cuando el precio del crudo alcanzó niveles históricos, Venezuela regaló miles de millones de dólares en forma de petróleo subsidiado o condonaciones de deuda a países como Cuba, Nicaragua, Bolivia y otros miembros del bloque del ALBA.



 En el caso de Cuba, se estima que el envío de petróleo a precios preferenciales o directamente gratis ha superado los 30.000 millones de dólares en las últimas dos décadas. ¿Qué recibió Venezuela a cambio? Propaganda, asesores políticos y un modelo de control social que busca perpetuar la dictadura en nuestro país.



Petróleos de Venezuela (Pdvsa), alguna vez el motor económico del país, se convirtió en el epicentro de la corrupción chavomadurista. Durante la bonanza petrolera (1999-2014), cuando los precios del crudo alcanzaron récords históricos, se estima que al menos 300.000 millones de dólares desaparecieron por malversación, sobornos y contratos fraudulentos. Un ejemplo paradigmático son las operaciones con papeles de la deuda. 



Funcionarios y empresarios afines al régimen manipulaban la asignación de bonos comprados en bolívares, pero pagados en dólares a tasas preferenciales. Este esquema, liderado por figuras como Alejandro Andrade, extesorero nacional, permitió el lavado de más de 2.400 millones de dólares solo en un caso investigado en Estados Unidos. 



En otro escándalo, el Banco Espírito Santo en Portugal facilitó la desaparición de 3.500 millones de euros de Pdvsa entre 2007 y 2012, mediante sobornos a funcionarios venezolanos para asegurar depósitos en sus cuentas.



 Mientras tanto, en casa, el régimen saqueaba las arcas nacionales. Pdvsa, que alguna vez fue un símbolo de eficiencia y riqueza, se convirtió en una caja chica para financiar corruptelas y proyectos fallidos. Desde el desfalco de miles de millones a través de contratos fraudulentos hasta la malversación en proyectos como la Faja del Orinoco, el régimen ha demostrado un talento excepcional para el robo descarado. 



Según estimaciones conservadoras, más de 300.000 millones de dólares han desaparecido de las finanzas públicas en estos 25 años, una suma que podría haber transformado a Venezuela en una nación moderna, con infraestructura de primer mundo, educación de calidad y un sistema de salud digno. 



Estas operaciones no solo enriquecieron a una élite corrupta, sino que también endeudaron al país. Mientras los venezolanos enfrentan escasez de alimentos y medicinas, el régimen emitía deuda pública a través de bonos que beneficiaban a intermediarios y aliados, dejando a la nación con una carga financiera de más de 100.000 millones de dólares adicionales, según estimaciones publicadas instituciones que se han consagrado a investigar y ventilar públicamente estos desaguisados. 



Proyectos como el ferrocarril nacional, el Metro de Caracas o la recuperación del río Guaire, que recibieron miles de millones en fondos, nunca se concretaron, evidenciando un patrón de pagos por obras inexistentes.



El régimen no solo robó internamente, sino que utilizó los recursos venezolanos para comprar lealtades internacionales, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA). Uno de los casos más notorios es el de Bielorrusia, donde Hugo Chávez ordenó condonar una deuda de 1.400 millones de dólares a Pdvsa, que el régimen de Alexander Lukashenko calificó como un “regalo” de Caracas. Este gesto no fue un acto de solidaridad, sino una maniobra para asegurar apoyo político en foros internacionales.



En América Latina y el Caribe, el régimen implementó una estrategia similar. En Paraguay, por ejemplo, todavía está pendiente recuperar una deuda de 265 millones de dólares que Pdvsa “reclamaba”, aunque la negociación no prosperó por falta de personería jurídica. 



En Argentina, el fideicomiso bilateral firmado en 2004 entre Hugo Chávez y Néstor Kirchner permitió a empresarios argentinos y venezolanos desviar millones de dólares a través de exportaciones infladas y maniobras offshore. Una investigación de Transparencia Venezuela reveló que empresas como Baldric SA, creada por un venezolano, obtuvieron contratos por casi 8 millones de dólares para proyectos que nunca se materializaron, como un frigorífico en Machiques de Perijá.



En el Caribe, el programa Petrocaribe fue una herramienta clave para comprar votos en la OEA. Países de ese órgano y otras naciones caribeñas recibieron petróleo venezolano a precios subsidiados o incluso gratis, con deudas que raramente fueron cobradas. 



Se estima que este esquema costó a Venezuela más de 30.000 millones de dólares, mientras los ciudadanos venezolanos enfrentan apagones y colas interminables por combustible. Estos “regalos” aseguraban el respaldo de gobiernos caribeños en la OEA, bloqueando resoluciones contra el régimen por violaciones a los derechos humanos y fraudes electorales.



La magnitud del desfalco es abrumadora. Transparencia Venezuela documenta 416 casos de corrupción que comprometen al menos 68.311 millones de dólares, aunque el monto real es probablemente mucho mayor. Desde sobornos en contratos de Pdvsa hasta el desvío de fondos destinados a infraestructura, el régimen ha desangrado al país.



 Pero el daño no se limita a lo económico. El Socialismo del Siglo XXI ha robado mucho más que dinero: ha robado el futuro de generaciones enteras. Ha regalado la soberanía nacional a potencias extranjeras que hoy controlan sectores estratégicos del país. Ha despilfarrado la confianza de un pueblo que alguna vez creyó en promesas de justicia social, solo para ser traicionado con miseria y represión.



 Los venezolanos no solo han perdido sus ahorros, sus empleos y sus oportunidades, sino también su derecho a soñar con un país mejor.



Es hora de decir basta. La tragedia venezolana no es el resultado de sanciones externas ni de conspiraciones imaginarias, como pretende hacernos creer el régimen. Es el producto de un modelo político basado en la corrupción, la improvisación y la entrega de nuestros recursos a intereses foráneos. Los responsables deben rendir cuentas, y los venezolanos merecemos recuperar lo que nos han robado.



No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos construir un futuro diferente. Es imperativo que los venezolanos nos unamos para exigir transparencia, justicia y la restitución de los recursos saqueados. Solo con un cambio profundo, basado en la democracia, la libertad y el respeto por nuestra soberanía, podremos recuperar el destino que nos fue robado y regalado. Venezuela no merece seguir siendo la víctima de esta infamia. Es tiempo de alzar la voz y trabajar por la reconstrucción de nuestra nación.



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Robando y Regalando el Destino de Venezuela

En un mundo desgarrado por conflictos y crisis, Venezuela —pese a sus heridas— guarda intacta su capacidad de renacer. Este país, muchas veces visto desde fuera como un caso perdido o simplemente como una tierra rica venida a menos, está más vivo que nunca en el alma de millones de venezolanos que no se resignan. 



Lo que Venezuela tiene por delante no es un milagro, sino una oportunidad de construir una nueva nación. Porque los pueblos no heredan el futuro, lo construyen con sacrificio, trabajo y unidad en el presente.



 Durante décadas se repitió hasta el cansancio que “Venezuela era un país rico”. Pero ese relato, aunque emocionalmente cómodo, es una ilusión peligrosa. La riqueza no está en el subsuelo, sino en lo que somos capaces de hacer con lo que tenemos.



De nada sirven millones de barriles de petróleo si no hay instituciones que garanticen seguridad jurídica, talento humano que los transforme en bienestar, y una sociedad dispuesta a trabajar unida por el bien común. 



Ciertamente poseemos inmensas reservas de recursos fósiles que estamos dispuestos a explotar racionalmente y para ello requerimos el concurso de factores internacionales, cuyos recursos financieros serán clave para convertir en bienestar, desarrollo humano, económico y caminos hacia el progreso, ese petróleo y ese gas, y todos esos otros minerales desde el oro hasta el hierro, la bauxita, y la variedad de tierras raras que tiene Venezuela. 



Sabemos que Venezuela debe garantizar seguridad jurídica y Edmundo González y María Corina Machado tienen listos los proyectos para que en Venezuela vuelva a brillar el Estado de derecho, retomar la apertura petrolera y sin dudar que se respetara el derecho de propiedad y que cada dólar invertido estará garantizado. 



Será un principio y deber irrenunciable velar por los derechos humanos, cerraremos las cárceles del horror para abrir escuelas de libertad. Vamos a hacer de Venezuela el Hub Energético de las Américas, previamente instalaremos una Agencia Nacional de Energía.



 Vamos a reponer planes y negocios de hidrocarburos con empresas trasnacionales de países aliados como EE. UU., Canadá, Italia, Francia, de Iberoamérica y de cualquier país del mundo dispuesto a invertir y pagar como dios manda nuestros recursos. 



Las puertas del país están listas para abrirse y ver entrar los equipos necesarios tales como mejoradores, taladros, insumos como diluentes para poner en marcha nuestra desvencijada industria de hidrocarburos, incluyendo el relanzamiento de nuestro parque de refinerías. 



En Venezuela podemos ahorrarle carbono a la atmósfera sembrando las emisiones de gases de efecto invernadero en sumideros como esos pozos petroleros en desuso, así contribuiremos a la transición hacia una economía baja en carbono. Los combustibles sintéticos representan una alternativa prometedora a los combustibles fósiles.



 Podemos explotar el gas convencional y aprovechar racionalmente el asociado al petróleo que al día de hoy se está perdiendo.



 Seremos grandes no por lo que heredamos, sino por lo que estamos dispuestos a construir. La Venezuela que viene será una nación forjada, no una herencia pasiva.



 En este siglo XXI, la competencia entre naciones no se decide sólo por recursos naturales, sino por la capacidad de formar, retener y multiplicar talento humano. Venezuela cuenta con millones de ciudadanos preparados, profesionales que resistieron, que emigraron, que se adaptaron a otras culturas, y que ahora están dispuestos a regresar y aportar sus experiencias y conocimientos. 



A ese valioso capital humano hay que sumarle los millones de jóvenes que esperan oportunidades para demostrar de lo que son capaces de realizar como emprendedores.



 El talento venezolano ha brillado en medicina, ingeniería, tecnología, arte, deporte, ciencia y emprendimiento. Muchos de nuestros jóvenes han estudiado en universidades del mundo entero, y ahora son portadores de conocimientos y forman parte de redes internacionales. 



Ese será el motor de nuestra reconstrucción de Venezuela, para no depender únicamente de la renta petrolera. Debemos reactivar y diversificar nuestro aparato productivo, que tiene una base industrial inmensa, potente y aún recuperable.



 Contamos con potencial en la industria metalmecánica, una de las columnas vertebrales de cualquier economía moderna. Las industrias del hierro, acero, aluminio y manufactura que pueden convertir al país en un proveedor regional de insumos y productos elaborados. 



Desde Guayana hasta los Andes, hay estructuras que, con inversión y liderazgo técnico, pueden volver a operar y a generar miles de empleos de calidad. Vamos a reactivar el aparato productivo, vamos a reconstruir la infraestructura, desde las carreteras, autopistas, plantas físicas de escuelas, universidades y hospitales, hasta los puentes, puertos, aeropuertos, silos, sistemas de riego e instalaciones deportivas y culturales. 



Ya están listos los planes para rehabilitar los acueductos y las plantas de tratamiento de agua cruda. El potencial eléctrico debe ser restaurado, tanto las fuentes hidroeléctricas como las termoeléctricas. 



Sin luz no hay desarrollo posible. También posee Venezuela un potencial para crear fuentes alternas de energías no convencionales, como la eólica, solar, mareomotriz, hidrógeno verde, biomasa, etc. Venezuela tiene espejos de agua, lagos, mar, cuenta con sol y viento todo el año y una envidiable fuente de electricidad blanca.



 Además, Venezuela puede ser una formidable plataforma tecnológica para producir bienes transables, desarrollar industrias de software, ensamblaje electrónico y manufactura avanzada. 



Nuestras facultades universitarias de medicinas pueden ayudar a crear centros productores de medicina genérica ¿Por qué no? Si alineamos el sistema educativo con las necesidades del sector productivo, seremos un país que exporte valor agregado, no solo materias primas.



 Venezuela puede desarrollar su potencial turístico porque tiene conque; nuestras bellezas naturales en playas, ríos, sabanas, cumbres, amazonas, manglares, corales, su variedad de flora y fauna son santuarios maravillosos; sus monumentos naturales como Salto Ángel y los Tepuyes, Mochima, Los Roques, Morrocoy, Médanos de Coro, Chichiriviche, Higuerote, Cata, Margarita y Coche, la nieve perpetua en Mérida, las Cumbres andinas en Táchira, nuestros bosques, sabanas y llanos con esos preciosos esteros de Camaguan; el Zulia y su relámpago del Catatumbo; Barquisimeto y sus crepúsculos y nuestra biodiversidad (9 del mundo) nos hacen ser altamente competitivos, si los dotamos de buenos servicios para atraer turistas e inversiones.



Otra cosa, Venezuela puede ser el granero de América Latina, tenemos tierras fértiles, unidades de producción y maquinaria agrícola que esperan ser reacomodadas para que sembremos y cosechamos los alimentos indispensables. También poseemos un aceptable pie de cría, empresas lácteas, granjas avícolas y pecuarias que serán rehabilitadas.



 Y qué decir de nuestro potencial pesquero, cafetero, apícola. Garantizar el respeto a la propiedad privada, suministro seguro de insumos, desde las semillas certificadas, el combustible, las vacunas, el alambre y las estacas, hasta el crédito oportuno, precios justos y políticas de comercialización que permitirán avanzar en ese campo. ¡Somos un gran país! No hay desarrollo sin educación. Punto.



 La educación debe ser la reina de la estrategia nacional, el corazón que impulse cada reforma, cada inversión, cada política pública. Debemos rescatar el prestigio de nuestros maestros, modernizar la infraestructura escolar, actualizar los programas, y convertir nuestras universidades en centros de pensamiento y producción de conocimiento, no en islas de resistencia. 



Invertir en educación no es una opción, es una condición indispensable. Países como Corea del Sur, Singapur o Finlandia lo demostraron: el desarrollo sostenible nace en las aulas.



 Necesitamos escuelas donde se enseñe ciencia, tecnología, ética, ciudadanía, pensamiento crítico y habilidades para la vida. También institutos técnicos y centros de formación dual que conecten a nuestros jóvenes con las industrias del futuro. 



La educación es lo que nos permitirá no solo reconstruir, sino transformarnos en una nación resiliente, democrática e innovadora. Estamos conscientes de los desafíos: inseguridad, pobreza, infraestructura colapsada, fuga de capital humano, deuda externa y la pesada herencia de un Estado desmantelado. 



Pero también tenemos lo más importante: la voluntad de reconstruir, la convicción de que otro país es posible y el amor por esta tierra que no hemos dejado de soñar ni un solo día.



 Con aliados internacionales, un marco jurídico renovado, un Plan Marshall Tropical y una agenda clara de reformas, Venezuela puede ofrecerle al mundo mucho más que petróleo y minerales: puede ofrecer energía limpia, alimentos, innovación, estabilidad geopolítica, y una historia de superación. Nuestro mayor reto no es solo volver a ser lo que fuimos. Es convertirnos en lo que siempre pudimos ser.



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¿Qué le ofrece Venezuela al mundo?

Venezuela, otrora un país de instituciones vibrantes y esperanzas democráticas, se encuentra hoy sumida en la trágica condición de un Estado fallido. Esta realidad no es un accidente histórico, sino el resultado de un patrón deliberado de conducta por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha hecho de la violación sistemática de la Constitución, las leyes, los reglamentos, los códigos y los acuerdos internacionales su modus operandi. 



La Carta Magna, que debería ser el pilar de la convivencia nacional, es en la práctica una constitución inexistente, pisoteada por un régimen que no reconoce límites ni principios.



La dictadura de Maduro, heredera directa de las políticas de Hugo Chávez, ha pulverizado la separación de poderes, un pilar fundamental de cualquier democracia. El Poder Judicial, en lugar de ser un árbitro imparcial, se ha convertido en un instrumento de persecución política, judicializando a la oposición y criminalizando la disidencia. Los venezolanos que alzan la voz contra la opresión enfrentan no solo la represión física, sino también un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de la tiranía. Esta aberración no es nueva: es la continuación de un proyecto autoritario que Chávez instauró y que Maduro ha perfeccionado con descaro.



Recordemos que en 1999 se impone una nueva Constitución. Chávez impulsó una Asamblea Nacional Constituyente que redactó y aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 15 de diciembre de 1999 mediante referendo. Esto no se considera una «reforma» propiamente dicha, sino la creación de una nueva Carta Magna que reemplazó a la de 1961. 



Seguidamente, en 2007, Chávez reincide en sus andanzas reformistas y propuso una reforma de 69 artículos para introducir cambios como la reelección indefinida, la institucionalización del poder comunal y medidas hacia un Estado socialista.



 Fue sometida a referendo el 2 de diciembre de 2007, pero fue rechazada por el 50.65% de los votos. Por lo tanto, no se ejecutó. Pero Chávez, con su postura caudillezca retoma su fallido despropósito y en 2009 propuso una enmienda (modificación puntual, no una reforma integral) para eliminar los límites a la reelección de cargos públicos, incluyendo la presidencia. 



Fue aprobada en referendo el 15 de febrero de 2009 con el 54% de los votos, permitiendo la reelección indefinida. Esta es la única reforma constitucional efectiva ejecutada bajo Chávez



Por su parte, Nicolás Maduro, violentando todos los procedimientos que estaba obligado a observar, convocó una Asamblea Nacional Constituyente que operó entre 2017 y 2020, con el objetivo de «pacificar» el país y potencialmente reformar la Constitución. 



Sin embargo, esta asamblea no modificó la Constitución de 1999, sino que se centró en emitir leyes constitucionales y asumir funciones legislativas mediante fórmulas absolutamente arbitrarias, mecanismos que fueron criticados por la oposición ya que solo apuntaban a consolidar el poder usurpado. Tampoco se ejecutó ninguna reforma constitucional.



Maduro propuso una reforma de aproximadamente 80 artículos, presentada el 15 de febrero de 2025, que incluye la incorporación del poder comunal y penas severas contra «amenazas» al “gobierno”.



 Está en fase de discusión por una comisión liderada por Tarek William Saab, con un plazo de 90 días para elaborar un proyecto definitivo que debe ser aprobado por referendo. Hasta mayo de 2025, esta reforma no ha sido ejecutada



El reciente anuncio de Maduro sobre una supuesta reforma constitucional no debería sorprender a nadie. Es la misma pócima de arbitrariedad que Chávez aplicó en su momento y que ahora Maduro repite con descarnada continuidad. Las reformas constitucionales en Venezuela no buscan fortalecer el Estado de derecho, sino legalizar la tiranía, consolidando el control absoluto del régimen sobre todos los aspectos de la vida nacional. 



Ya son varias las reformas que han desfigurado el espíritu de la Constitución de 1999, una ley que, irónicamente, Chávez y Maduro promovieron como padres políticos, pero que hoy violan de manera incestuosa, traicionando su propio legado.



Frente a esta afrenta, los venezolanos no podemos permanecer pasivos. La lucha por la libertad nos convoca a rebelarnos contra este proceso ilegal, haciendo uso de todos los recursos que nos asisten, tanto dentro como fuera del país. 



Es imperativo desmontar el entramado dictatorial que sostiene a Maduro, comenzando por hacer valer el mandato popular expresado en las elecciones del 28 de julio. Ese resultado electoral, que reflejó la voluntad inequívoca del pueblo venezolano, es una meta irremplazable en nuestra marcha para recuperar nuestra democracia.



No basta con denunciar; debemos actuar. La comunidad internacional debe redoblar su apoyo a la causa venezolana, exigiendo el respeto a los derechos humanos y la restauración del orden constitucional. 



Dentro de Venezuela, la resistencia debe organizarse, unirse y persistir, utilizando la desobediencia civil pacífica y los mecanismos legales disponibles para desafiar la tiranía. 



La Constitución, aunque hoy inexistente en la práctica, sigue siendo el símbolo de lo que podemos y debemos recuperar: un país donde la ley sea el escudo de los ciudadanos, no la espada de los opresores.



La lucha no será fácil, pero la historia nos enseña que las dictaduras no son eternas. Chávez y Maduro han profanado la Constitución que juraron defender, pero los venezolanos tenemos el deber de rescatarla. 



Debemos persistir, alzando la voz, afinar y reajustar nuestra organización y de actuar con determinación. Porque en Venezuela, la verdadera reforma no vendrá de los tiranos, sino de un pueblo que se niega a seguir viviendo bajo el yugo de una constitución inexistente.



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La Constitución Inexistente

En los cenagosos terrenos de la Venezuela de Nicolás Maduro, donde la ética se ahoga en el fango de la ambición y el poder, la corrupción política se alza como un monstruo insaciable. En ese lodazal de traiciones, los principios son mercancía barata, y los hombres que alguna vez juraron lealtad al pueblo se venden al mejor postor, envueltos en la pestilencia de la dictadura. 



Entre estos pantanos, figuras como Bernabé Gutiérrez y Henrique Capriles, cada uno a su manera, encarnan el drama de una nación traicionada, donde el honor se troca por prebendas y la esperanza se desvanece bajo el peso de la infamia.



Bernabé Gutiérrez, un nombre que resuena como un eco de desprecio en el imaginario colectivo, se yergue como el arquetipo del oportunista sin escrúpulos. Sin formación sólida ni respaldo genuino, este personaje ha mercadeado su alma en los bazares de la ignominia, traficando con los ideales de un pueblo hambriento de justicia. Su ascenso, si puede llamarse así, no es más que el fruto podrido de un sistema que premia la lealtad ciega al régimen. 



Como dijo alguna vez el poeta Andrés Eloy Blanco, “en el pantano, hasta la garza se ensucia las patas”. Y Bernabé, lejos de ser garza, es un alacrán que pica con veneno propio, traicionando a quienes alguna vez creyeron en su palabra. Su nombre, sinónimo de deslealtad, evoca la frase de Dante: “El lugar más oscuro del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de crisis moral”. Pero Bernabé no es neutral; ha elegido el lado del opresor, y su traición es un puñal clavado en el corazón de la resistencia.



Hubo un tiempo en que Henrique Capriles era un faro de esperanza, un líder que enardecía multitudes con su carisma y su gorra tricolor como estandarte de lucha. Las calles de Venezuela vibraban con su nombre, y su voz resonaba como un canto de redención. Pero, ¡ay!, cómo caen los ídolos. Hoy, esa misma gorra que lo coronó como símbolo de la oposición se ha transformado en un antifaz que oculta su rendición. Al aceptar la credencial que lo configura como un alacrán más del régimen, Capriles ha cruzado el Rubicón de la traición. 



Como Judas, que por treinta monedas vendió a su maestro, Capriles ha cambiado su legado por un puesto en la mesa de los verdugos. Su caída recuerda las palabras de Shakespeare: “¡Oh, qué caída tan grande, amigos míos!”. El hombre que una vez desafió al régimen ahora camina por los pasillos del poder donde se fraguó el robo de las elecciones del pasado 28 de julio, con la cabeza gacha escondida torpemente en una gorra y el alma empañada. ¡Vaya espectáculo en el circo de la política venezolana!



 Que Bernabé Gutiérrez, ese ilustre recolector de sobras del basurero político, haya superado a Henrique Capriles, el otrora galán de la oposición con su gorra de superhéroe, es un chiste que ni el mejor comediante podría inventar. ¿Quién lo diría? 



El rey de las promesas rotas, Bernabé, ese maestro del oportunismo con un doctorado en traición, eclipsa al que una vez hizo temblar las calles con vítores. ¡Qué ironía! Capriles, con su antifaz de gloria desteñida, debe estar preguntándose cómo el pantano lo engulle tan rápido. Como diría un sarcástico de esquina: “En Venezuela, hasta el alacrán más rastrero puede brillar más que una estrella apagada”.



 No me atrevería a citar a Juan Requesens, si no sintiera en lo más hondo de mi conciencia que hay momentos en los que callar también es una forma de traicionar. Traicionarse a uno mismo, a la memoria compartida, y a los principios que una vez, con voz firme y mirada limpia, Juan defendió en los pasillos de la Universidad Central de Venezuela. Conozco —en carne propia— los métodos abyectos del régimen que encerró a Juan, quien fue víctima de la crueldad sin rostro, de la máquina infernal que busca doblegar espíritus, destruir voluntades. 



Juan fue vejado, humillado y torturado. Y por eso, comprendo el tormento que hoy se asoma en su mirada: ese desgarrador intento de justificar lo que su conciencia no deja de reprocharle.



 ¿Quién podría juzgar sin temblar ante el peso de su experiencia? Pero hay un juez más implacable que cualquier tribunal humano: la historia. Y ante ella, nadie puede esconderse detrás de silencios cómplices o de razones prácticas que solo sirven a la perpetuación del oprobio. Me permito citar, pensando en Juan, a Albert Camus: “El mayor drama del hombre moderno es vivir dividido entre lo que hace y lo que cree.” En esa grieta —entre sus actos presentes y los principios que enarboló— se instala el dilema que le agobia. 



Sé que Juan lucha con él, que en sus noches más solas se pregunta si los pasos que da no lo alejan del joven que, con coraje admirable, se convirtió en símbolo de resistencia frente a la dictadura. Juan, fue un abanderado de la verdad. Pretender que se puede “cambiar las cosas desde adentro” suena a consigna gastada cuando quienes están adentro solo se perpetúan en su podredumbre. 



Lo que hoy hace Juan, no es solo una contradicción con su historia, es un golpe a la esperanza de tantos que, viéndole caer y levantarse, creyeron que aún había dignidad inquebrantable en medio de la oscuridad. Lo digo con dolor, pero también con esperanza: aún puedes rectificar Juan. La historia también sabe perdonar a quienes tienen el valor de regresar al camino del deber.



 En el lodazal de la política venezolana, donde la dictadura de Nicolás Maduro tritura principios y esperanzas, la inclusión de Juan Requesens en la molienda de la farsa electoral es un acto de perversidad que apesta a oportunismo y cinismo. Este joven es usado como moneda de cambio en un juego macabro.



 Esos alacranes que pululan en el pantano de Maduro, decidieron incluir su nombre en la farsa electoral. ¿El propósito? No es rescatar su legado ni honrar su lucha, sino exprimir su imagen para obtener donaciones sucias. 



Meter a Requesens en esta pantomima es un sacrificio deliberado en el altar de la ambición, donde las credenciales de diputaciones, manchadas de mugre y deshonra, se convierten en el trofeo de los traidores.



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El Pantano de la Traición: «La Corrupción Política en la Venezuela de Maduro”

Sigue firme la ruta de la libertad. El 25 de mayo será recordado en la historia como el plebiscito de la democracia venezolana. 



Ese día, el pueblo reafirmó dos verdades incuestionables: la primera, que los venezolanos decidieron cambiar; y la segunda, que para Venezuela existe hoy una sola líder legítima: María Corina Machado.



A quienes durante años le dieron la espalda al pueblo, y hoy intentan disfrazarse de demócratas llamando a votar bajo las reglas del régimen, les decimos: Venezuela no volverá atrás. El país ya decidió, y lo hizo con valentía y determinación.



El pueblo ya votó por un cambio. Lo demás es ruido, distracción e intereses personales de un pequeño grupo de tarifados y colaboradores del usurpador. Nuestra prioridad no es complacer aspiraciones individuales, sino recuperar a Venezuela del secuestro en el que la tiene sumida la dictadura.



Hoy vamos 4 a 0 a favor de la libertad. Estamos en el segundo tiempo y la victoria está cerca.



Pronto, Venezuela será un país libre de dictadores y traidores. Porque cuando un pueblo decide cambiar, no hay fuerza que lo detenga.



ING Yandir Loggiodice Secretario General Nacional PCD

“El 25 de mayo marcó un antes y un después: Venezuela decidió cambiar”

La expansión de la influencia china a través de su iniciativa de la Ruta de la Seda en América Latina plantea una interrogante apremiante: ¿cuándo despertarán las potencias tradicionales y los aliados históricos de la región? Mientras China avanza con determinación, asegurando acuerdos comerciales y el control de recursos estratégicos como el litio en Chile y Bolivia, Estados Unidos y Europa parecen rezagados.



Llevamos casi 25 años debatiendo acuerdos entre Europa y Mercosur sin llegar a una concreción, eso es insólito, inexplicable y sí muy reprochable. Y eso sucede mientras China consolida su presencia en nuestro subcontinente. 



¿Entonces de qué se quejan? Algunos analistas simplifican este panorama, señalando que «EE. UU. está adelantado en la invención de tecnologías imponentes, mientras que los chinos producen bienes que comercializan y en Europa se limitan a aplicar regulaciones.» Sin embargo, esta visión está desactualizada.



 China ya no solo fabrica, sino que también está a la vanguardia en la creación de tecnologías innovadoras y ascendiendo a un sólido segundo lugar como el país con la economía más robusta del planeta Tierra..



El pasado miércoles en un debate realizado en el escenario organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo celebrado en la ciudad de Madrid, el expresidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, al defender los acuerdos suscritos por su gobierno con China, afirmó que “en este mundo globalizado no hay enemigos ni amigos permanentes, sino intereses permanentes». 



La intención compactada en esa reflexión y parafraseada por el joven estadista uruguayo, es atribuida a Henry John Temple, tercer vizconde de Palmerston, quien en un discurso pronunciado en la Cámara de los Comunes el 1 de marzo de 1848, afirmó que “No tenemos aliados eternos, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos. 



Y nuestro deber es seguir esos intereses”. Es evidente que este pensamiento está cargado de pragmatismo político, priorizando, sin lugar a dudas, los intereses de su región, al momento de inclinarse por una u otra potencia, con intereses que abonar en el competido y polémico esquema de relacionarse. 



Tomando en cuenta esa significativa y descriptiva realidad, concluimos en que lo cierto es que China está metiéndose en países iberoamericanos, haciendo inversiones, negociando minerales y tierras raras, mientras que otros países poderosos tenían a América Latina como un simple patio trasero descuidado.



Esta reflexión nos lleva a una conclusión ineludible: es hora de que los países de América Latina sean tratados como actores relevantes en el escenario mundial. 



Por eso cobra trascendencia la posición asumida por el presidente Donal Trump y su más destacado equipo gubernamental de su segundo mandato, privilegiando en sus declaraciones y acciones un nuevo marco de relaciones con nuestro ámbito, especialmente con Venezuela.



 No le conviene a EE. UU., ni a la Unión Europea, relegar a un segundo plano esa agenda pendiente de trabajo con América Latina, mientras Rusia, Irán y China establecen enclaves con fines geopolíticos, comerciales o económicos. 



Es imperativo que Estados Unidos y otros aliados históricos retomen esas relaciones estrechas de antaño y de fechas recientes, cuando la hermandad con América Latina era evidente y fructífera. El hecho cierto de que la primera gira internacional del nuevo Secretario de Estado, Marco Rubio, haya sido por países de América Latina, es una excelente señal.



La región necesita socios que vean nuestra zona más allá de un mero «patio trasero» y que estén dispuestos a construir relaciones basadas en el respeto mutuo y la cooperación estratégica. Mientras el mundo se configura, América Latina no puede permitirse quedar ninguneada. 



Es tiempo de actuar, de replantear estrategias y de forjar alianzas que impulsen el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos, no solo en los aspectos económicos, financieros y comerciales, sino también en lo político, porque la paz, la seguridad y la estabilidad son elementos tan medulares como esos otros intereses citados.



La pregunta sigue en el aire: ¿Y América Latina ¿Para cuándo? La respuesta está en nuestras manos. No podemos permitir que la inacción, la indiferencia o, una que otra penosa aventura, definan nuestro futuro. 



La verdad es que el potencial que tiene América Latina es inmenso y es lógico que los más variados prismas planetarios orienten sus miradas sobre esas riquezas; y deben ser comprendidos mandatarios como Luis Lacalle Pou que afinan operaciones con quienes se aproximan a concretarlas, sin que esas alianzas conlleve declinar valores y principios democráticos irrenunciables.



Es hora de que la región alce su voz y exija el lugar que le corresponde en el concierto de las naciones.



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¿Y América Latina para cuándo?

Desde el Partido Centro Democrático (PCD), denunciamos públicamente que el proceso de repartición de cuotas entre socios convocado para el próximo domingo 25 de mayo constituye una burla a la voluntad del pueblo venezolano y una grave afrenta al espíritu democrático de nuestra nación.



Los venezolanos ya ejercimos nuestro derecho al voto el pasado 28 de julio de 2024, y aún estamos a la espera de resultados oficiales y confiables por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). 



Lo que presenciamos fue una lectura improvisada de cifras por parte de Elvis Amoroso, usando una simple servilleta, cifras que no reflejan la realidad vivida por millones de testigos y votantes a lo largo del país.



Hablar de un nuevo proceso electoral sin haber cerrado de manera transparente y legítima el anterior es un acto inaceptable y una falta de respeto al pueblo venezolano.



A esto se suma una dolorosa realidad: más de 920 presos políticos permanecen tras las rejas, únicamente por pensar diferente y participar en el proceso electoral del 28 de julio. Esta persecución política evidencia que no existen condiciones mínimas para hablar de democracia en Venezuela.



Como partido responsable, comprometido con la verdad y los derechos ciudadanos, rechazamos categóricamente este nuevo intento de estafa electoral al país. Le hacemos un llamado firme al pueblo venezolano:



¡Ya nosotros elegimos! No participemos en ningún nuevo proceso electoral hasta que se respete la voluntad expresada el 28 de julio.



¡Viva Venezuela libre y democrática! ¡Basta ya de burlas al pueblo!



Ing. Yandir Loggiodice Secretario General Nacional Partido Centro Democrático (PCD)

«El poder lo tiene el ciudadano»

En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado un sistema de represión que utiliza la desaparición forzada, la tortura y las detenciones arbitrarias como herramientas para silenciar a opositores, defensores de derechos humanos y voces críticas. 



Según el más reciente informe de Foro Penal, actualizado al 12 de mayo de 2025, al menos “68 presos políticos” se encuentran en condición de desaparición forzada, sin que se conozca su paradero o estado de reclusión. 



Este dato, alarmante por sí solo, es solo una faceta de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas ha calificado como posibles “crímenes de lesa humanidad”.



<h3 class="wp-block-heading">Una radiografía de la represión</h3>



De acuerdo con Foro Penal, Venezuela registra un total de “895 presos políticos”, de los cuales 808 son hombres y 87 mujeres.



 Entre ellos, 726 son civiles y 169 militares, incluyendo a “5 adolescentes” de entre 14 y 17 años. Solo 149 han recibido una condena formal, mientras que “746 permanecen detenidos sin juicio”, en una clara violación al debido proceso.



En la última semana, se documentaron “8 nuevas detenciones” y “7 excarcelaciones”, lo que refleja la naturaleza cíclica de la persecución política en el país, metodología siniestra denominada por el Foro Penal como “la puerta giratoria”.



La Misión de la ONU ha exigido al régimen de Maduro el cese inmediato de las desapariciones forzadas, clasificándolas como una práctica “perversa e ilegal” que forma parte de una política represiva orquestada desde las más altas esferas del poder. Según el organismo, estas acciones, junto con las detenciones arbitrarias y la tortura, podrían constituir crímenes internacionales. 



Marta Valiñas, presidenta de la misión, ha señalado que “el aislamiento e incomunicación de los detenidos son tácticas deliberadas para quebrar a los opositores y perpetuar el miedo en la sociedad”.



Tamara Suju, acaba de presentar su informe anual ante la Organización de Estado Americanos (OEA), allí demuestra con pruebas que, “La represión es sistemática y generalizada”. El informe documenta cómo “el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión como herramienta de control político y social, ejecutando crímenes de lesa humanidad tanto dentro como fuera de Venezuela, con el objetivo de anular la disidencia y silenciar opositores”. 



El Instituto Casla, a cargo de Tamara Suju coloca a la vista las pruebas que sindican al régimen de Maduro de “tramar una Convergencia entre represión estatal y crimen organizado”. 



La abogada Suju denuncia “la colaboración estructural entre el aparato estatal y el crimen organizado trasnacional, como el Tren de Aragua, para perpetrar violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos políticos, como el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile».



El centro de detención más emblemático de esta maquinaria represiva es “El Helicoide”, considerado el principal centro de torturas de Latinoamérica. Operado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), este lugar se ha convertido en un símbolo del terror de Estado, donde los presos son sometidos a condiciones inhumanas, aislamiento prolongado y torturas físicas y psicológicas.



 Otros cuerpos de seguridad, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana, también participan en estas prácticas, ejecutando detenciones sin órdenes judiciales y negando a los detenidos acceso a abogados o contacto con sus familias.



La Misión de la ONU ha denunciado la complicidad del sistema de justicia venezolano en estos abusos. El Ministerio Público, los tribunales ordinarios y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia han actuado como engranajes de la impunidad, ignorando denuncias, rechazando recursos legales y bloqueando mecanismos de protección como el “habeas corpus”. 



Esta connivencia asegura que los responsables de las violaciones queden impunes y que las víctimas permanezcan atrapadas en un limbo jurídico. Dispensenme que me refiera al caso particular, pero estimo que es de alguna manera emblemático. A mi me secuestro el régimen el 19 de febrero del año 2015. Los policías que ejecutaron esa maniobra no presentaron ni orden de captura ni de allanamiento de mi oficina. Derribaron la puerta con objetos contundentes. 



No respetaron el debido proceso, ya que siendo Alcalde Metropolitano de Caracas tenía derecho a un “antejuicio de mérito”. Nunca se realizó. Me privaron de mi sagrada libertad por más de 1000 días y en ese lapso solo tuve acceso a una sola audiencia.



La persecución no se limita a ciudadanos venezolanos. Según Foro Penal, “72 presos políticos son de nacionalidad extranjera”, lo que evidencia el carácter expansivo de la represión. 



Desde 2014, se han registrado “18.358 detenciones políticas” en el país, y aunque más de “14.000 personas” han sido liberadas tras recibir asistencia legal gratuita, más de”10.000 ciudadanos” siguen sometidos a medidas restrictivas arbitrarias, como presentaciones periódicas o prohibiciones de salida del país.



El Foro Penal, El Instituto CASLA y la Misión de la ONU coinciden en que estas cifras no son hechos aislados, sino parte de un “patrón sistemático” de persecución y criminalización diseñado para aplastar cualquier forma de disidencia.



 Las desapariciones forzadas, las torturas y las detenciones arbitrarias son herramientas de un “terrorismo de Estado” que busca perpetuar el control de Maduro mediante el miedo y la supresión de derechos fundamentales. 



El informe del Instituto CASLA detalla “nuevos métodos de tortura, como descargas eléctricas, asfixia, y violencia sexual, documentando al menos 16 nuevas incidencias que afectan a unas 35 personas. También identifica unidades clandestinas del SEBIN, como la Coordinación de Protección del Orden Democrático (CPOD), implicadas en estas prácticas”. 



También se arrojan pruebas que señalan la “injerencia cubana, presentando evidencias de la participación del régimen cubano en la planificación y ejecución de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la formación de militares venezolanos en tácticas represivas y la supervisión directa de torturas por parte de oficiales cubanos”.



En un país donde la justicia está subordinada al poder político, las víctimas de estas atrocidades enfrentan un panorama desolador. La comunidad internacional, encabezada por organismos como la ONU, ha levantado su voz para exigir el fin de estas prácticas, pero la respuesta del régimen ha sido el silencio o la negación. Mientras tanto, lugares como El Helicoide, La Tumba.



 Ramo Verde, Tocorón y la cárcel de Yare, siguen siendo testigos mudos de un capítulo oscuro en la historia de Venezuela, donde la libertad y la dignidad humana son sacrificadas en nombre del poder. 



Pero la justicia está por llegar y será muy severa con los responsables de todos esos delitos y no valdrán excusas como la manida expresión “sólo cumplía órdenes”. Lo dejó nítidamente sentado el Instituto CASLA en su más reciente informe: “La Impunidad y responsabilidad de la cadena de mando señalando a figuras clave del régimen, incluido Nicolás Maduro, y aboga por la emisión de órdenes de captura por parte de la Corte Penal Internacional (CPI)”.



 antonioledezma.net

El terrorismo de Estado en Venezuela: la maquinaria represiva de Nicolás Maduro

Sorprendido, zarandeado y desmoralizado, ha quedado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, una vez que se confirmó la espectacular fuga emprendida por los rehenes que estaban encarcelados en la sede diplomática de Argentina en la ciudad de Caracas.



 Recordemos que en marzo de 2024, seis opositores venezolanos, todos vinculados al Comando Con Venezuela y 5 de ellos al partido Vente Venezuela de María Corina Machado, ingresaron a la residencia del Embajador de Argentina en Caracas, tras ser acusados por la dictadura de Maduro de “participar en actividades desestabilizadoras, específicamente un supuesto complot para atentar contra el presidente”.



 Estos asilados fueron: Magali Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Humberto Villalobos, Claudia Macero y el exministro Fernando Martínez Mottola, lamentablemente fallecido.



El gobierno argentino, bajo la presidencia de Javier Milei, otorgó asilo político a estos opositores, reconociendo el riesgo que enfrentaban. 



Sin embargo, las autoridades venezolanas negaron salvoconductos para que los asilados pudieran salir del país de manera segura, lo que generó un impasse diplomático. La Embajada de Argentina se convirtió en un refugio temporal, pero también en un punto de tensión, con reportes de vigilancia constante por parte de fuerzas de seguridad controladas por el ministro Diosdado Cabello, y cortes intermitentes de los servicios de agua potable, electricidad, alimentos y medicinas.



 La verdad es que Maduro se colocaba de espaldas a los acuerdos internacionales que garantizan derechos para los asilados y los redujo a rehenes, al mismo tiempo que la sede diplomática fue trastocada en una cárcel de la que había que buscar la manera de fugarse y eso fue lo que hicieron estos héroes venezolanos.



Este es otro capítulo victorioso de los ciudadanos venezolanos que no han cesado de luchar, superando todo tipo de escollos y hasta los desalientos y frustraciones que, una que otra vez, han sido dirigidos para intentar desmontar el ánimo indispensable para perseverar ante una tiranía arbitraria como esa que jefea Maduro. 



Hoy Maduro acusa este otro espectacular golpe cívico, que se suma al que le propinó nuestro pueblo el pasado 22 de octubre de 2023, haciendo posible la realización de la epopeya de la elección primaria en la que María Corina Machado salió airosa, dejando atrás el siniestro esquema mediante el cual el régimen controlaba las cartas de juego en el tablero de la confundida oposición. 



Desde entonces, María Corina ha impulsado una estrategia que apunta a lo medular, lograr la definitiva libertad de Venezuela. Luego surgió el capítulo protagonizado por Edmundo González y ambos hicieron posible la hazaña del triunfo contundente del 28 de julio pasado que el dictador maduro pretende en robarse.



El “todopoderoso régimen” ha quedado “en pelotas” ante los ojos del mundo. Bien se sabe que la herramienta de la que se vale esa dictadura, para sostenerse en la usurpación de los poderes públicos, es su sanguinario aparataje policial, que ahora fue penetrado y por lo tanto burlado para hacer posible que los asilados lograran lo que ha sorprendió a un iracundo Maduro, que busca una explicación razonable entre sus más cercanos aliados.



 Ellos no tienen nada creíble que decir. Tratan de instalar en el imaginario de la opinión pública una falsa narrativa que se ha desplomado por el propio peso de la mentira. ¡No hubo negociación alguna! 



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que había asumido temporalmente la representación de los intereses argentinos en Venezuela tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Caracas y Buenos Aires, confirmó que no se emitieron salvoconductos, reforzando la narrativa de una fuga no autorizada. 



A esa declaración oficial del gobierno del presidente Lula da Silva, vale la pena agregar la de los gobiernos de Estados Unidos y de Argentina, ambos solidarios con esta jornada de liberación, resaltando el carácter de “extracción exitosa de la misma”. Y no podía ser de otra manera.



 Esas acciones forman parte del derecho y de la obligación moral de un ser humano víctima de un secuestro. Recuperar la libertad es su obligación. Además, lo hacen en terrenos de una tiranía en la que no se respetan los derechos humanos, no hay autonomía del poder judicial, y en donde las policías son pelotones que se disponen apara perseguir a los disidentes, esbirros que proceden amparados en un régimen bárbaro, perpetrador de crimines de lesa humanidad en el marco del tenebroso desarrollo de un Terrorismo de Estado.



Bufones del régimen, como Diosdado Cabello, “jefe” de los servicios de seguridad de la dictadura, han quedado contra la pared. Hoy, el arrogante y sarcástico Diosdado, es blanco del dedo acusador de sus propios socios de la corporación criminal que integran.



 Han puesto a correr el ruidoso término de “culpable” de esa penetración de sus propios sistemas de inteligencia policial. Diosdado está descolocado. Intenta, infructuosamente, llevar este desastre que lo hunde en el fracaso, al terreno del humor en su parodia televisiva. 



Insólitamente se cree capaz de imitar las habilidades de George Harris, de Emilio Lovera, de Laureano Marquez o de Rafucho, el maracucho. ¡Pero qué va! no tiene talento, sino demasiada maldad.



Por otro lado, María Corina luce adornada por la certeza. Habla y argumenta con la apreciable y firme convicción de que dice solo la verdad y toda la verdad. No deja espacio para incertidumbres, menos para la duda, porque cada frase que sale de su boca da lugar a la fe en sus palabras, como si estuviera reafirmando lo que es incuestionablemente real: “el sol sale todos los días”.



Anonioledezma.net @alcaldeledezma

La fuga de los asilados

En un mundo cada vez más interconectado, millones de seres humanos se ven obligados a emigrar, abandonando sus hogares en busca de seguridad y supervivencia. Las penurias que enfrentan los desplazados son inmensas, marcadas por la pérdida, el peligro y la incertidumbre. 



Este artículo explora las razones detrás de este éxodo masivo —guerras absurdas, hambrunas y desastres naturales—, las consecuencias de estas migraciones forzadas y las medidas que debemos tomar para abordar tanto sus causas como sus efectos, incluyendo el desafío de controlar la xenofobia.



¿Por qué millones de seres humanos tienen que emigrar?



Los desplazados son personas que huyen de sus hogares debido a circunstancias extremas que amenazan su vida y su bienestar. Las principales causas de esta migración forzada son:



<ol class="wp-block-list">
<li>“Guerras absurdas”: Los conflictos armados, como los que han devastado países como Siria, Afganistán o Ucrania, son una de las razones más comunes. Estas guerras, a menudo impulsadas por intereses políticos o económicos, destruyen comunidades enteras y obligan a millones a escapar para salvar sus vidas.</li>



<li>“Hambrunas”: La falta de alimentos, exacerbada por sequías, malas cosechas o crisis económicas, empuja a las personas a buscar territorios ajenos donde puedan sobrevivir. En regiones como el Cuerno de África, la hambruna ha desplazado a poblaciones enteras hacia campamentos o países vecinos.</li>



<li>“Desastres naturales”: Terremotos, huracanes, inundaciones y otros eventos extremos, intensificados por el cambio climático, arrasan hogares y medios de subsistencia, dejando a las personas sin más opción que huir. Estos desastres expulsan a comunidades de sus espacios de origen, a menudo de manera repentina y devastadora.</li>



<li>“Terrorismo de Estado”: En Venezuela no hay guerra, el único frente armado es el régimen que destina cuantiosos recursos financieros para equipar a sus grupos formados para desarrollar una feroz persecución política contra los ciudadanos que disentimos de esa tiranía.</li>
</ol>



















 Nicolás Maduro ha devastado la economía nacional y ocasionado una catástrofe humanitaria sin precedentes.



 Colapso Económico: La hiperinflación ha erosionado el poder adquisitivo, haciendo que bienes básicos sean inaccesibles para la mayoría de la población. 



Crisis de Salud: El sistema sanitario ha colapsado, con un aumento en la mortalidad materna e infantil y la reaparición de enfermedades como el sarampión y la malaria, previamente controladas. 



Crisis de servicios: En un país con inmensos recursos minerales e instalaciones que llegaron a deslumbrar al mundo, hoy acusa carencia de servicios de agua potable, luz eléctrica, gas doméstico y combustibles. 



Otra calamidad la representa la inestabilidad política: La represión del régimen, las detenciones arbitrarias y las violaciones de derechos humanos han generado un clima de miedo e inseguridad. 



Negación de la Crisis: La falta de reconocimiento oficial de la crisis por parte del régimen venezolano ha limitado la entrada de ayuda humanitaria, agravando la situación. 



Por tales razones, más de 9 millones, según datos aportados por el “Observatorio de la Diáspora”, que dirige Tomás Páez, han salido del territorio venezolano



Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a finales del mes de mayo 2024, más de 120 millones de personas estaban desplazadas en todo el mundo, una cifra que refleja la magnitud de estas crisis.



El desplazamiento trae consigo una serie de desafíos que afectan profundamente a quienes lo viven: Pérdida de sus hogares, pertenencias y, en muchos casos, sus medios de vida, quedándose sin nada que los ancle a su pasado. 



Muy grave son los terribles “Peligros en el camino” que acosan a los desplazados. Los viajes hacia la seguridad están llenos de riesgos, desde el tráfico humano hasta la violencia y el agotamiento físico. Así lo han relatado familias venezolanas que han padecido todo tipo de amenazas mientras atravesaban trochas en la frontera colombo venezolana y en la selva de Darién.



 A esa tragedia se agrega que las condiciones precarias en campamentos o asentamientos temporales, las condiciones suelen ser inhumanas, con escasez de agua, comida y atención médica y no menos alarmante son las dificultades de integración, ya que al llegar a nuevos lugares, los desplazados enfrentan barreras culturales, económicas y lingüísticas, además de actitudes hostiles como la xenofobia.



¿Qué debemos hacer ante estas causas y sus consecuencias?



Para abordar este problema humanitario, necesitamos un enfoque global que ataque tanto las raíces del desplazamiento como sus efectos: 



Es necesario “Prevenir las guerras”: La comunidad internacional debe priorizar la diplomacia y el diálogo para evitar conflictos armados, reduciendo así una de las principales causas de migración forzada. 



No demorar en la implementación de acciones para “Combatir las hambrunas”: Invertir en seguridad alimentaria, apoyo agrícola y respuesta rápida a crisis climáticas puede ayudar a que las personas permanezcan en sus hogares. También “Mitigar desastres naturales” luchando contra el cambio climático, mediante la reducción de emisiones y la adaptación de comunidades vulnerables, es esencial para disminuir el impacto de estos eventos.



 La “Asistencia humanitaria inmediata” a los desplazados que necesitan ayuda urgente: alimentos, refugio, agua y atención médica. Las organizaciones humanitarias deben contar con recursos suficientes para actuar. 



Incentivar el “Fomento la integración”: Los países de acogida deben facilitar el acceso a la educación, el empleo y la vivienda para los desplazados, promoviendo su inclusión en la sociedad y aplicar sin contemplaciones los métodos acordados en instancias internacionales, que son jurídicamente viables, para abortar regímenes tiránicos que ejecutan crímenes de lesa humanidad, como es el caso específico de la tiranía de Nicolas Maduro en Venezuela.



¿Cómo controlar los brotes de xenofobia?



La llegada de desplazados a menudo despierta reacciones de miedo o rechazo en las comunidades de acogida. Para controlar la xenofobia, podemos: “Educar y sensibilizar”: Enseñar a las poblaciones sobre las razones del desplazamiento y las historias humanas detrás de él ayuda a reducir prejuicios y “Promover la diversidad”: Resaltar las contribuciones culturales y económicas de los desplazados fomenta una visión positiva de su presencia. “Proteger legalmente”: Implementar leyes contra la discriminación y garantizar los derechos de los desplazados es clave para su seguridad y dignidad.



<h3 class="wp-block-heading">Conclusión</h3>



Las penurias de los desplazados son un reflejo de crisis más amplias: guerras sin sentido, desigualdades, tiranías arbitrarias en un planeta en deterioro. Responder a este desafío exige acción concreta —prevenir conflictos, asistir a los necesitados y construir sociedades inclusivas— y un cambio de corazón para rechazar la xenofobia. Es hora de que gobiernos, organizaciones y ciudadanos trabajemos juntos por un mundo donde nadie tenga que huir para sobrevivir. La solidaridad no es una opción, sino una necesidad.



@Alcaldeledezma

Las tragedias de los desplazados

Las desapariciones forzosas representan una de las violaciones más graves de los derechos humanos, un delito que implica la privación de libertad por parte de agentes estatales o grupos con su apoyo, seguida de la negativa a reconocer el hecho o el paradero de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley. Este crimen, que tuvo un auge durante las dictaduras militares en América Latina en el siglo XX, sigue siendo una realidad dolorosa en contextos contemporáneos como el de Venezuela. 



A continuación, se compara la situación actual en mi país, con lo ocurrido en las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, destacando similitudes, diferencias y el impacto de la ausencia de separación de poderes en la justicia y el debido proceso.



 Las Dictaduras del Cono Sur: Un Legado de Terror Sistemático Durante las dictaduras militares de Argentina (1976-1983), Uruguay (1973-1985), Chile (1973-1990) y Brasil (1964-1985), las desapariciones forzosas fueron una herramienta clave del terrorismo de Estado. En Argentina, se estima que unas 30,000 personas desaparecieron, muchas de ellas secuestradas, torturadas y asesinadas en centros clandestinos como parte del «Proceso de Reorganización Nacional».



En Chile, bajo el régimen de Augusto Pinochet, más de 3,000 personas fueron desaparecidas, con casos emblemáticos como los «detenidos desaparecidos» documentados por la Comisión Rettig. 



En Uruguay, aunque la cifra oficial es menor (alrededor de 200 desaparecidos), el impacto fue profundo en una población pequeña, y las desapariciones se vincularon al Plan Cóndor, una coordinación represiva entre dictaduras sudamericanas.



En Brasil, las desapariciones fueron menos masivas (alrededor de 400 casos), pero igualmente sistemáticas, dirigidas contra opositores políticos durante el régimen militar.



En estos países, las desapariciones forzosas se ejecutaron bajo un esquema centralizado y clandestino, respaldado por el control absoluto del poder militar sobre las instituciones. La falta de separación de poderes fue un factor determinante: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial estaban subordinados al régimen, eliminando cualquier posibilidad de investigación independiente o



rendición de cuentas. El debido proceso fue inexistente; las víctimas eran detenidas sin órdenes judiciales, incomunicadas y, en muchos casos, eliminadas sin dejar rastro. La justicia, al estar cooptada, no ofrecía protección ni reparación.



Venezuela: Desapariciones Forzosas en un Contexto Autoritario Contemporáneo



En la Venezuela actual, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, las desapariciones forzosas han resurgido como una práctica represiva, aunque con características distintas a las de las dictaduras del Cono Sur. Según organizaciones como Foro Penal, se registraron 200 casos en 2018 y 524 en 2019, con una tendencia a ser de corta duración (promedio de cinco días), eso no eclipsa la terrible tragedia de los seres humanos ejecutados extrajudicialmente por el régimen de Maduro, tal como ha sido denunciado y debidamente documentado con pruebas que resultan incontrovertibles.



Estas detenciones suelen involucrar a cuerpos de seguridad como el SEBIN o la DGCIM (escuadrones de persecución bajo el mando conjunto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello), y se dirigen a opositores políticos, activistas o ciudadanos críticos. Un informe de la ONU de 2019 señaló que estas



desapariciones son parte de una estrategia para «censurar opositores e infundir miedo», acompañadas frecuentemente de torturas y violaciones al debido proceso. A diferencia de las dictaduras clásicas, donde las desapariciones eran masivas y a menudo permanentes, en Venezuela predominan las de corta duración, posiblemente para evitar el escrutinio internacional que generan casos prolongados. Sin embargo, la esencia del delito persiste: las víctimas son secuestradas sin órdenes judiciales, mantenidas en secreto y negadas a sus familias, mientras el Estado evade responsabilidad. Ejemplos como el de Ariana Granadillo, detenida y torturada en 2018 por su vínculo con un opositor, ilustran esta dinámica. En la actualidad destaca el caso de Rafael Tudares yerno del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, así como los centenares de disidentes, entre ellos calificados líderes adscritos al comando Con Venezuela, que están igualmente en situación de desaparición forzosa.



Similitudes y Diferencias



Las similitudes entre Venezuela y las dictaduras del Cono Sur son claras: en ambos casos, las desapariciones forzosas son un instrumento de represión política ejecutado por fuerzas estatales, con la intención de silenciar disidencia y generar terror. 



La negación oficial del paradero de las víctimas y la ausencia de garantías legales también son un hilo conductor. Sin embargo, hay diferencias significativas. En las dictaduras, las desapariciones eran parte de un plan sistemático y masivo, a menudo coordinado regionalmente (como el Plan Cóndor), mientras que en Venezuela responden a un contexto de crisis política y económica, con un carácter más reactivo y menos estructurado. Además, las dictaduras operaban en un marco de Guerra Fría y control militar total, mientras que Venezuela pretenden mantener una fachada democrática que encubre prácticas autoritarias, mientras convocan elecciones cuyos verdaderos resultados no reconocen ni acataran.



Un punto común crucial es la erosión de la separación de poderes. En las dictaduras, los regímenes militares subsumieron al Poder Judicial, eliminando su independencia. En Venezuela, el control del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo de Justicia y el sistema judicial ha neutralizado cualquier posibilidad de supervisión o sanción a los perpetradores. Esto se refleja en la impunidad que rodea a las fuerzas de seguridad y en la falta de investigaciones creíbles sobre estos crímenes.



Conclusión: Sin Separación de Poderes, No Hay Justicia



La comparación entre Venezuela y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil revela una verdad ineludible: donde no hay separación de poderes, no hay justicia, porque desaparece el principio del debido proceso. En los regímenes del Cono Sur, la fusión de los poderes bajo el mando militar anuló toda posibilidad de protección legal para las víctimas de desapariciones forzosas.



En la Venezuela contemporánea, la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo perpetúa la impunidad y deja a los ciudadanos indefensos frente a la represión estatal. El debido proceso —que incluye el derecho a un juicio justo, a la defensa y a la transparencia— se convierte en una quimera cuando no existen instituciones independientes que lo garanticen. Así, tanto en el pasado como en el presente, la ausencia de checks and balances transforma a la justicia en un instrumento del poder, en lugar de un bastión de los derechos humanos. 



La lección es clara: sin una separación efectiva de poderes, las desapariciones forzosas no solo persisten, sino que se normalizan, perpetuando un ciclo de violencia e injusticia. @Alcaldeledezma

El Delito de las Desapariciones Forzosas: Una Comparación entre Venezuela y las Dictaduras del Cono Sur

El 7 de enero de 2025, a plena luz del día y frente a la mirada aterrada de sus dos hijos menores, Rafael Tudares Bracho fue secuestrado por funcionarios encapuchados del régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces, su esposa, Mariana González de Tudares, ha recorrido cárceles y centros de detención en busca de respuestas, enfrentándose una y otra vez a la misma respuesta fría y calculada: “Aquí no está”.



Esta es la Venezuela de los sátrapas. Un país donde la ley no protege, sino que persigue; donde la justicia no juzga, sino que encubre; donde el Estado, en lugar de garantizar derechos, los pisotea sin pudor. 



El crimen de Rafael: ser yerno del presidente electo.



La desaparición de Rafael Tudares no responde a una causa judicial legítima. No se le acusa de delitos comprobables ni se le ha permitido una defensa adecuada. Su único “delito” ha sido ser yerno del presidente electo, Edmundo González Urrutia. 



En una maniobra que recuerda las prácticas más oscuras de las dictaduras del siglo XX, el régimen de Maduro ha aplicado una represión por “contagio familiar”, una aberración jurídica con la que pretende castigar a la familia del presidente electo, imputando a Tudares por un supuesto “grado de complicidad” con su suegro. El principio universal de la responsabilidad penal individual ha sido anulado por el régimen, que ahora persigue a los familiares de sus adversarios políticos, usando el aparato del Estado como un mecanismo de venganza, se trata de más aberrante terrorismo de Estado.



Desaparición forzada: un crimen de lesa humanidad



La desaparición forzada de Rafael Tudares no es solo una violación a la Constitución venezolana, sino un crimen de lesa humanidad, tipificado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.



El régimen ha violado abiertamente:



• El artículo 45 de la Constitución venezolana, que prohíbe expresamente la desaparición forzada.



• El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Venezuela ha ratificado.



• La Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los Estados a garantizar el debido proceso.



• La Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.



A Rafael se le ha negado el derecho a una llamada, a recibir visitas, a defenderse con un abogado de su confianza y a acceder a condiciones mínimas de dignidad humana. Incluso ha sido sometido a lo que el régimen llama “proceso de adaptación”, un eufemismo cruel para referirse a torturas físicas y psicológicas.



Una esposa y madre en pie de lucha



Mariana González de Tudares no solo enfrenta el dolor de una esposa que no sabe dónde está su esposo, sino la consternación de una madre que debe explicarle a sus hijos por qué su padre desapareció sin dejar rastro.



En cada cárcel visitada, ha sido testigo del drama de cientos de familias que, como ella, buscan a sus seres queridos secuestrados por el régimen. Su historia no es única. Es el reflejo de una maquinaria represiva que ha convertido la desaparición forzada en una práctica sistemática de control social.



“Tal vez me quedo corta en la descripción de todos estos hechos que he vivido”, dice Mariana en su denuncia pública. Su voz es la de miles de esposas, madres e hijas que siguen luchando por la libertad de sus familiares arbitrariamente detenidos.



Un llamado a la comunidad internacional



El caso de Rafael Tudares no puede quedar en el silencio. La comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y los gobiernos democráticos del mundo deben ejercer presión inmediata sobre el régimen de Nicolás Maduro para que revele su paradero, garantice su integridad física y lo libere de inmediato.



La Corte Penal Internacional ya investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. La desaparición forzada de Rafael Tudares es una prueba más de la naturaleza criminal del régimen.



Hoy, Mariana González de Tudares rompe el miedo y alza su voz. No es solo la lucha por su esposo, sino por todos los desaparecidos de Venezuela. Y es una advertencia al régimen: la justicia puede tardar, pero siempre llega. Venezuela es un país mutilado, donde la represión, la miseria y el abandono han sido convertidos en política de Estado. Pero los sátrapas que hoy se aferran al poder con torturas y desapariciones saben que su tiempo se agota. Pueden seguir sembrando terror, pero no podrán evitar que la justicia, más temprano que tarde, los alcance.



@Alcaldeledezma

Rafael Tudares: Víctima de un Régimen Criminal

Es un axioma “la democracia no se limita a ser un sistema de gobierno, sino a la incesante búsqueda del goce pleno de los derechos humanos traducidos en el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Pues no existe mejor forma para conocer las carencias y las posibles soluciones que consultándoles y haciéndolos el centro de la gestión. Sobre Venezuela y su democracia actualmente en el país no existen condiciones para el ejercicio de la participación política, y esto, va más allá de la destrucción de la mayoría de los mecanismos que garantizan la democracia ya que no existe respeto por los derechos humanos”. En este momento histórico donde está en juego la joya de la corona queda en evidencia ante la mayoría de los estudios de opinión que Maduro no emociona ni siquiera a sus propios seguidores.



El futuro de Venezuela es incierto. La posibilidad de una transición política, la recuperación económica y la resolución de la crisis humanitaria dependen de múltiples factores, incluyendo el diálogo entre el gobierno y la oposición, la presión internacional y la evolución de la situación económica. Las encuestas no están diseñadas para tumbar gobiernos, pero sí crean conciencia de las realidades que se estén viviendo en un momento histórico, esto se conecta con las reveladoras palabras de Maduro cuando en una de sus alocuciones destacó la necesidad de «ir contra la corriente» a la hora de hacer su trabajo y no pensar en lo que puedan decir las encuestas. «La politiquería no me interesa yo hago lo que tengo que hacer por amor, por conciencia». Maduro angustiado por datos cuantitativos, prefiere distraerse en la fenomenología y decir los resultados de las encuestas no son relevante para su gobierno, es decir que ese espejo cuando lo ve no le gusta.&nbsp;



La crisis bajo el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es un fenómeno complejo con múltiples dimensiones. Aquí hay un resumen de los aspectos clave:



<h3 class="wp-block-heading">Crisis económica</h3>



Hiperinflación: Venezuela ha experimentado una de las hiperinflaciones más severas del mundo, erosionando drásticamente el poder adquisitivo de los ciudadanos. Escasez: La escasez de alimentos, medicinas y bienes básicos ha sido una constante, generando una crisis humanitaria. Dependencia del petróleo: La economía venezolana depende en gran medida del petróleo, y la caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto devastador. Sanciones: Las sanciones internacionales han complicado aún más la situación económica, aunque su impacto es objeto de debate.



<h3 class="wp-block-heading">Crisis política</h3>



Polarización: La sociedad venezolana está profundamente dividida entre el gobierno y la oposición. Cuestionamiento de la legitimidad: La legitimidad de las elecciones presidenciales de 2018 es cuestionada por la oposición y por gran parte de la comunidad internacional. Crisis institucional: Existe una lucha de poder entre las diferentes ramas del gobierno, con la Asamblea Nacional controlada por la oposición y el Tribunal Supremo de Justicia alineado con el gobierno. Protestas: Ha habido numerosas protestas masivas contra el gobierno, a menudo reprimidas por las fuerzas de seguridad.



<h3 class="wp-block-heading">Crisis humanitaria</h3>



Migración masiva: Millones de venezolanos han huido del país en busca de mejores condiciones de vida, creando una crisis migratoria regional. Deterioro de la salud: El sistema de salud venezolano se ha deteriorado gravemente, con escasez de medicinas y equipos médicos. Inseguridad alimentaria: Muchos venezolanos sufren de inseguridad alimentaria y desnutrición. Violaciones de derechos humanos: Organizaciones de derechos humanos han denunciado violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales. 



La crisis de gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela es el resultado de una combinación de factores económicos, políticos y sociales. La lucha por el poder y las diferencias ideológicas han exacerbado la situación en el país. A medida que los desafíos continúan, el futuro político de Venezuela sigue siendo complejo, incierto, abstracto… no aparece con claridad la luz al final del túnel. Sin embargo, Maduro por sus acciones y hasta gritos al mundo pareciera tiene «el sol en la espalda».



Correo: hernandezhercon@gmail.com IG: @Hercon44

Maduro… «con el sol en la espalda»

La Venezuela paradisiaca que conocieron millones de europeos —especialmente de España, Italia y Portugal—, aquella república sudamericana que los latinoamericanos veían como el sueño por alcanzar, y ese país riquísimo que acaparaba la atención en foros mundiales donde se estudiaban los mejores escenarios para invertir, es hoy una paradoja. Un país con inmensas riquezas naturales se ha convertido en una de las naciones más empobrecidas, con altísimos niveles de riesgo y el dudoso honor de liderar la lista de países sin seguridad jurídica en el planeta.



Nicolás Maduro no puede ocultar, por más que insista en su relato falsificado, una verdad ineludible: este país inmensamente rico tiene a su pueblo pasando hambre. A continuación, algunos datos verificados por instituciones acreditadas reflejan esta preocupante realidad:



<ul class="wp-block-list">
<li>Un estudio reciente del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) revela que en 2024 la pobreza en Venezuela alcanzó un alarmante 86%. El análisis, realizado en cuatro municipios de Zulia, Miranda, Cojedes y Aragua, evidencia profundas desigualdades regionales.</li>



<li>La Canasta Alimentaria Familiar de enero de 2025 se ubicó en 476,82 dólares (28.609,07 bolívares), según Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).</li>
</ul>



El estudio, basado en una muestra aleatoria de 1200 hogares (300 por municipio) con un 94% de confianza, empleó la metodología de pobreza multidimensional para evaluar carencias en educación, salud, empleo, condiciones de vida y acceso a servicios básicos. Los resultados muestran que el 86% de los hogares venezolanos vive en pobreza elevada. En medio de esta crisis, las remesas enviadas por millones de emigrantes venezolanos —principalmente hijos o hijastros, en un 50% de los casos— alivian las necesidades del 24% de las familias dentro del país.



Esta tragedia ocurre en una nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, las sextas de gas natural, las segundas de oro en América, y abundantes yacimientos de hierro, bauxita, carbón y diamantes. Venezuela también cuenta con un enorme potencial hidroeléctrico y termoeléctrico para generar energía limpia, zonas ideales para una agricultura productiva, paraísos turísticos y la capacidad de convertirse en un referente de la petroquímica y la industria metalmecánica.



Sin embargo, la clave para reconstruir y relanzar la economía venezolana está en la propuesta presentada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado el pasado jueves en la convención energética más importante del mundo, celebrada en Houston. Allí, nuestro presidente electo y nuestra vicepresidenta designada se comprometieron a transformar Venezuela en el Hub Energético de las Américas. Los puntos más destacados de su plan son:



<ul class="wp-block-list">
<li>Privatización total: La industria petrolera y gasífera será gestionada completamente por el sector privado, con el gobierno como regulador transparente.</li>



<li>Protección a la inversión: Se establecerán altos estándares legales para garantizar estabilidad y seguridad a los inversionistas.</li>



<li>Derechos de propiedad y licitaciones: Los campos de petróleo y gas se abrirán a operadores privados con garantías plenas, y las empresas estatales serán subastadas transparentemente para atraer inversión internacional.</li>



<li>Incentivos fiscales: Un régimen competitivo acelerará el desarrollo, reinvirtiendo los ingresos en infraestructura, educación y crecimiento económico.</li>



<li>Expansión de la producción: Venezuela aumentará masivamente su producción petrolera, aprovechando costos bajos y su ubicación estratégica.</li>



<li>Hub energético regional: El país sustituirá la corrupción por un liderazgo serio, asegurando seguridad energética y prosperidad en las Américas.</li>
</ul>



Esta propuesta atractiva deja claro el rumbo que pronto tomará Venezuela.

Mucho petróleo, mucha pobreza

Sin titubeo alguno, el nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, caracteriza a Nicolás Maduro como “un dictador”. A eso se agrega la razón fundamental de la emisión de los carteles en los cuales se ofrece recompensa por su captura: “son una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos”. Esa misma descripción hizo de Nicolás Maduro el Secretario de Estado, Marco Rubio, quien en su estreno en esa responsabilidad, sostuvo una reunión con Edmundo Gonzalez Urrutia y María Corina Machado, el resultado de dicho encuentro fue dado a conocer por la propia oficina del Canciller estadounidense, reconociendo que “había conversado con el Presidente Legítimo de Venezuela y con la líder de la lucha de resistencia que mantenemos los ciudadanos venezolanos, con el propósito irrenunciable de hacer valer el resultado electoral obtenido, contra viento y marea, el pasado 28 de julio”. Esa misma declaración fue reiterada por Marco Rubio en su periplo inaugural por Latinoamérica, puntualmente en República Dominicana, en donde fue incautado otro de los lujosos aviones que utilizan los integrantes de esa corporación criminal que lidera Maduro.



Esa es la verdad inocultable que Maduro y sus operadores tratan de desvirtuar, pretendiendo hacer ver que la presencia en Venezuela del comisionado trumpista Richard Grenell, es la reedición de aquella sorprendente operación avalada por la administración de Joe Biden de la que sacó provecho el régimen madurista, cuando logró rescatar a sus parientes condenados por narcotráfico y a su testaferro Alex Saab, a cambio de liberar a unos ciudadanos estadounidenses que Maduro mantenía como rehenes. También consiguieron un alivio de las sanciones petroleras, previamente jurando que “respetarían y cumplirían los acuerdos suscritos en el diálogo de Barbados”. En esta ocasión la situación es diametralmente distinta. Ya no vimos en escena al gritón y desafiante Maduro, sino a un dictador que se esmeró en adornar con banderas de los Estados Unidos los espacios del Palacio de Miraflores, sin poder simular que tenía “el rabo entre las piernas”, con esa sonrisita neurasténica en la cara de un hombre rastrero y sumiso.



Ya sabemos lo que ha ocurrido. Maduro incumplió su palabra y consuma en la actualidad un golpe de Estado a la soberanía popular que sufragó a favor de Edmundo González Urrutia. Maduro desarrolla un diabólico Terrorismo de Estado, mientras facilita la ocupación de nuestro territorio por fuerzas militares propias y extranjeras con la descarada intención de mantenerse en el poder que usurpa, a costa de la paz y de la estabilidad de nuestro hemisferio.



Basamos este análisis en acontecimientos verificables en la realidad. Uno de ellos está en la promesa medular de Donald Trump de garantizar la seguridad de sus connacionales. Es un hecho absolutamente cierto que en Colombia ha crecido el número de hectáreas en las que se siembra la hoja de coca. También que desde el territorio venezolano siguen saliendo, con rumbo a EEUU y hacia Europa, inmensos cargamentos de cocaína. Fue por eso que en su primera administración el presidente Donald Trump dispuso establecer un cerco antinarcóticos, porque estaba al tanto de cómo, desde el territorio venezolano, se despachan cargamentos de cocaína hacia espacios estadounidenses. Ese tráfico se ha incrementado considerablemente desde el año 2020. También fue en ese anterior mandato de Donald Trump, cuando se publicitaron los avisos ofreciendo recompensa por la captura de Maduro y algunos de sus socios, al relacionarlos con las prácticas propias del crimen organizado.



Las sangrientas confrontaciones que se están dando en la franja del Catatumbo-territorio entre Colombia y Venezuela-obedecen a una disputa entre las facciones narcoguerrilleras del Ejército de Liberación nacional (ELN) y las agrupaciones disidentes de las Fuerzas Armadas de Cooperación de Colombia (FARC), que pugnan por el control de ese diabólico negociado que genera no menos de 6.000 mil millones de dólares, traficando entre 300 y 350 toneladas de cocaína y manejando sembradíos-solo en ese ámbito del Catatumbo-que superan las 54.000 hectáreas de hojas de coca. Ante esa tragedia retumban las denuncias formuladas por el Comandante del Estado Mayor Central de las FARC de Colombia, Alexander Diaz Mendoza, más conocido como “alias Calarcá Córdoba”, acusando a militares obedientes a Maduro que “se prestan a atacar la infraestructura de las FARC, para favorecer a las facciones del ELN”.



No menos significativo es el hecho cierto de que en las oficinas de identificación de Venezuela, se documentan a piezas del terrorismo internacional encubiertos por la administración madurista. Esas pruebas fehacientes las mostró públicamente la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Eso es, aunado al creciente narcotráfico, sin lugar a dudas, una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental, que ha prometido resguardar el recientemente reelegido presidente Donald Trump. Al mismo tiempo en territorio venezolano se ha instalado un santuario para estos grupos terroristas como las FARC, ELN, Hezbolá y Hamas. No menos significativo es el entramado geopolítico que sostienen con Rusia, China e Irán.



Otro drama humanitario lo representa el flujo migratorio. Desde que Nicolás Maduro, el pasado 29 de julio, protagonizó el fraudulento acto de proclamación para presentarse como presidente reelecto, las oleadas de seres humanos tratando de ponerse a buen resguardo, siguen atravesando las trochas ubicadas entre la frontera colombo venezolana, o buscando establecerse en territorio de Brasil o desafiando el infierno que representa la Selva de Darién. Debe tenerse muy en cuenta que este drama humanitario se intensificará, tanto y en cuanto Nicolás Maduro logre establecerse definitivamente como dictador en Venezuela. Si, por el contrario, Edmundo González y María Corina Machado asumen la transición en Venezuela, no será menester realizar deportaciones, ya que los venezolanos en la diáspora comenzarán a retornar voluntariamente a nuestro país.



Desde Venezuela, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, no han disimulado su empeño en acoplar bandas peligrosísimas con mucho poder de fuego, como las Bandas del Tren de Aragua y otras tantas articuladas por la dictadura venezolana que operan en territorio de Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y con las organizaciones delincuenciales que controlan la llamada Triple Frontera desde el Perú. Ellos son los autores intelectuales del sicariato que segó la vida del Teniente Ojeda en Chile. Ellos son los capos de esas bandas. Basta con ver el regocijo de Diosdado Cabellos “dándole la bienvenida” a los deportados desde Estados unidos, todos muy sonrientes. Nadie en su sano juicio expresaría felicidad, retornando al país que todos amamos, pero sabiendo que la tragedia humanitaria que los aventó al destierro sigue vigente y con tendencia a agravarse.



Es justo advertir que “no pueden pagar justos por pecadores”, la inmensa mayoría de los venezolanos desterrados son gente decente, trabajadora, que produce riquezas, que paga sus impuestos, que se esmera en dejar bien parado el gentilicio venezolano. Los ciudadanos venezolanos que han tramitado su asilo, que han gestionado su respectivo TPS, en capacidad de demostrar que, si son colocados en las garras del régimen madurista, sus vidas y su sagrada libertad estarán en riesgo, esos miles de venezolanos merecen un tratamiento especial por parte de las autoridades de los países en los que se han resguardado, incluido los EEUU, que ha suscrito el Convenio de Protección del Refugiado, cuyo estatuto-artículo 33-establece que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad por causa de su raza, posición política, religión, corra peligro…”.



También con Maduro en el poder continuará la explotación de minerales como el oro y otras materias primas que son usufructuadas, sin reparar en el inmenso daño ecológico que le ocasionan al territorio correspondiente al Arco Minero venezolano, que representa el 12.5 % del territorio nacional. También la continuación de Maduro equivale a que la economía venezolana seguirá en bancarrota y ningún acreedor, incluido los tenedores de bonos ni los chinos, podrán recuperar un céntimo de sus respectivas acreencias.



Venezuela cuenta con significativas reservas probadas de hidrocarburos. Bien se sabe que, sin seguridad Jurídica y sin una nueva ley de Hidrocarburos que retome el esquema de la Apertura Petrolera, ni Estados Unidos podrá recibir en la Costa del Golfo el crudo extrapesado que posee Venezuela, ni los países del Caribe recibirán beneficio solidario alguno. Los yacimientos gasíferos, de los más grandes del mundo (La Perla y Dragón), y los pozos petroleros seguirán dormidos, ante un régimen que no ofrecerá jamás atractivos ni incentivos para retomar esos programas de explotación, que hagan de Venezuela el hub energético que aspiramos construir y en el cual podrán jugar un rol fundamental todas las empresas interesadas en formalizar negocios legales, seguros y transparentemente con Venezuela.



En conclusión, para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de nuestro hemisferio, se hace indispensable desatar y resolver esos nudos antes citados. Eso implica liberar a Venezuela de esta tiranía. No hay de otra.



Antonio Ledezma, Coordinador del Consejo Político Internacional de María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia.

LA BANDA Y SUS CAPOS

A continuación presento las diez razones por las que los gobiernos comprometidos con la democracia, la libertad, la justicia, la paz y el progreso de los pueblos que representan, deben contribuir a liberar a Venezuela del régimen dictatorial que pretende burlar la soberanía popular puesta de manifiesto el pasado 28 de julio.



<ol class="wp-block-list">
<li>NARCOTRÁFICO: Es un hecho absolutamente cierto que en Colombia ha crecido el número de hectáreas en las que se siembra la hoja de coca. También que desde el territorio venezolano siguen saliendo, con rumbo a EEUU y hacia Europa, inmensos cargamentos de cocaína. Fue por eso que en su primera administración el presidente Donald Trump dispuso establecer un cerco antinarcóticos, porque estaba al tanto de cómo desde el ámbito venezolano se despachan cargamentos de cocaína hacia espacios estadounidenses. Ese tráfico se ha incrementado considerablemente desde el año 2020. También fue en ese anterior mandato de Donald Trump, cuando se publicitaron los avisos ofreciendo recompensa por la captura de Maduro y algunos de sus socios, al relacionarlos con las prácticas propias del crimen organizado.</li>



<li>TERRORISMO: No menos significativo es el hecho cierto de que en las oficinas de identificación de Venezuela, controladas por agentes castristas, se documentan a piezas del terrorismo internacional que operan a sus anchas, encubiertos por la administración madurista. Esas pruebas fehacientes las mostró públicamente la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich. Eso es, sin lugar a dudas, una seria amenaza para la estabilidad y la seguridad del hemisferio occidental, que ha prometido resguardar, el recientemente reelegido presidente Donald Trump. Al mismo tiempo, en territorio venezolano, se ha instalado un santuario para estos grupos terroristas como las FARC, ELN, Hezbolá y Hamas. No menos significativo es el entramado geopolítico que sostienen con Rusia, China e Irán.</li>



<li>MIGRACIÓN: Otro drama humanitario lo representa el flujo migratorio. Desde que Nicolás Maduro, el pasado 29 de julio, protagonizó el fraudulento acto de proclamación para presentarse como presidente reelecto, las oleadas de seres humanos tratando de ponerse a buen resguardo, siguen atravesando las trochas ubicadas entre la frontera colombo venezolana, o buscando establecerse en territorio de Brasil o desafiando el infierno que representa la Selva de Darién. Debe tenerse muy en cuenta que este drama humanitario se intensificará, tanto y en cuanto Nicolás Maduro logre establecerse definitivamente como dictador en Venezuela. Saben muy bien los presidentes de EE. UU., Colombia, Brasil y Panamá, que, de enquistarse en el poder el dictador Maduro, veremos otra explosión migratoria de miles de venezolanos que tratarán de ponerse a buen resguardo en territorio extranjero. Si por el contrario, Edmundo González y María Corina Machado, asumen la transición en Venezuela, no será menester realizar deportaciones, ya que los venezolanos, actualmente en la diáspora, comenzarán a retornar voluntariamente a nuestro país.</li>



<li>BANDAS DELINCUENCIALES: Desde Venezuela Nicolás Maduro no ha disimulado su empeño en articular bandas peligrosísimas con mucho poder de fuego, como las bandas del Tren de Aragua y otras tantas articuladas por el régimen madurista, con las que operan en territorio de Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina y las que controlan la llamada Triple Frontera desde el Perú. A ese esquema delincuencial se suman los pranatos que controlan con gobiernos paralelos de los centros penitenciarios del país.</li>



<li>LEGITIMACIÓN DE CAPITALES: Con Maduro en el poder continuará la explotación de minerales, como el oro y otras materias primas, que son usufructuadas sin reparar en el inmenso daño ecológico que le ocasionan al territorio correspondiente al Arco Minero venezolano, que representa el 12.5 % del territorio nacional.</li>



<li>TERRORISMO DE ESTADO: La seguidilla de detenciones arbitrarias que ocupan la atención nacional y que rebotan estridentemente hacia el exterior, no son una novedad postelectoral. Maduro ha ordenado, desde el 2014 hasta la fecha de hoy, la privación ilegítima de más de 17.800 personas. De las cuales, más de 1.800 permanecen encarcelados y el resto está sometido a un régimen de presentación ante los tribunales que el regime utiliza para criminalizar la disidencia opositora. También Maduro está siendo investigado en la Corte Penal Internacional, ya que en la sala de Fiscalización se procesan expedientes en los que constan las perpetraciones de crímenes de lesa humanidad, que incriminan a Nicolás Maduro como ejecutor de tales delitos. Anteriormente, Nicolás Maduro fue señalado por la expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, de ser responsable de la ejecución extrajudicial de más de 7 mil seres humanos. En su más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se concluyó que Nicolás Maduro desarrolla en Venezuela un Terrorismo de Estado.</li>



<li>CATÁSTROFE HUMANITARIA: Venezuela acusa actualmente una espantosa catástrofe humanitaria compleja. Millones de personas continúan orilladas en la pobreza. Salarios de hambre, equivalentes a menos de 3$ mensuales. Más de 3.5 millones de niños están fuera del sistema escolar. Una crisis de servicios públicos agudizada especialmente en los servicios de salud y educación. Somos el país de las paradojas, ya que poseemos inmensas reservas de hidrocarburos, pero en el país escasea la gasolina, el diésel, el gasoil y el gas doméstico. Venezuela cuenta con una capacidad instalada de 35.000 megavatios para generar energía eléctrica (vía hidroeléctrica y termoeléctrica) y constantemente se producen cortes de electricidad. También el país cuenta con 25 sistemas modernos de acueductos y 20 plantas de tratamiento de agua cruda y en casi todos las regiones hay escasez de agua potable.</li>



<li>CRISIS ECONÓMICA. El desplome de la economía es objeto de análisis en los escenarios más variados. Venezuela llegó a acusar el desplome brutal de su PIB en más de 75 puntos. Padecimos una continua hiperinflación. Las reservas internacionales están deprimidas. La devaluación de la moneda es sostenida. El aparato productivo del país está deteriorado, han cerrado más de 9 mil empresas o fábricas, de las más 13 mil que operaban cuando Hugo Chávez asumió el poder en 1999. La población económicamente activa se refugia en el empleo informal, rebasando el 64.35.</li>
</ol>



Observadores de todas partes del mundo estudian esos malísimos desempeños y ven en el modelo implantado por Chávez y ahora por Maduro, el espejo para tener en cuenta lo que no se debe hacer. Para sacar a la gente de la miseria, en la que está postrada actualmente, y para poder remediar la colosal deuda externa que pesa sobre la nación venezolana, es menester que Maduro abandone el poder que usurpa, admita su derrota y facilite la transición ordenada, inclusiva y pacífica que han propuesto María Corina Machado y Edmundo Gonzalez Urrutia. De lo contrario, la tragedia humanitaria se agudiza, y la crisis financiera y económica se acrecentará y hará imposible saldar cuentas pendientes asumidas por la Nación con los acreedores. En estos 25 años se han despilfarrado, robado y reglado más de mil millones de millones de dólares. Ha sido una estruendosa orgia financiera, Las divisas obtenidas por el país, por concepto de la renta petrolera, no se invirtieron en el país para beneficiar a los venezolanos y apuntalar el desarrollo integral de la nación. Además, comprometieron a la nación con una gigantesca deuda externa y esos dineros también fueron pasto fácil de las corruptelas que han imperado en estos cinco lustros de autoritarismo. De continuar Maduro usurpando las instituciones públicas se prolongará esta grotesca ola de corruptelas, nunca rendirán cuentas de sus actos y se utilizaran esos dineros para financiar las andanzas de las elites corrompidas.



<ol class="wp-block-list" start="9">
<li>EL FUTURO DE LOS HIDROCARBUROS: Venezuela cuenta con significativas reservas probadas de hidrocarburos, patrimonio que se debería estar explotando racionalmente para sacar divisas que se orienten a superar esas deudas sociales y financieras. La verdad es que ninguna de esas cuentas por pagar se finiquitaron, mientras en Venezuela reine el modelo de Estado Fallido que pulverizó las bases del Estado de Derecho. Bien se sabe que sin seguridad Jurídica, y sin una nueva ley de Hidrocarburos que retome el esquema de la Apertura Petrolera, ni Estados Unidos podrá recibir en la Costa del Golfo el crudo extrapesado que posee Venezuela, ni los países del Caribe recibirán beneficio solidario alguno. Los yacimientos gasíferos, de los más grandes del mundo (La Perla y Dragón), y los pozos petroleros seguirán dormidos, ante un régimen que no ofrecerá jamás atractivos ni incentivos para retomar esos programas de explotación, que hagan de Venezuela el hub energético que aspiramos construir.</li>



<li>EXPANSIÓN DE LA TIRANÍA CASTRISTA: Las dictaduras de Venezuela y Nicaragua tienen su epicentro en Cuba. De Maduro, consumar ese descarado fraude, será un mal ejemplo para todos. Además, se incrementarán las amenazas de establecer en otros países de nuestro hemisferio este mismo modelo autoritario, que ratificamos tiene su origen en la tiranía de los hermanos Castro que impera en la isla de Cuba por más de 65 años. Si se permite que Maduro consuma su golpe de Estado, se desprestigia el recurso del voto y de las elecciones como vía para dirimir diferencias y resolución de conflictos. </li>
</ol>

DECÁLOGO DE LA VERDAD

Cuando María Corina Machado nos convocó a todos los venezolanos a hacer posible que “el miedo nos tenga miedo”, se estaba refiriendo al miedo que representa el maleficio del eje del mal. No debemos abrigar la más ínfima duda de que es Maduro el que personifica esa malignidad.



 Ese miedo que lo induce a cometer crímenes de lesa humanidad. Esa turbación que lo atrapa en la desconfianza que reina en esa corporación patibularia, en la que todos sus integrantes no pueden esconder las perplejidades que rebosan entre sí, el miedo que agita el agua sucia en la que chapotean, nada más por estar al corriente de que “son caimanes del mismo pozo”.



 Es el miedo que Diosdado siente, mascullando en sigilo, que Maduro, en cualquier momento, lo utilice como ficha de cambio para salvar su pellejo y el de su prole, incluida “la combatiente”.



 El miedo que los hermanos Rodríguez acusan, con inocultables espasmos, con solo pensar que, tras bastidores, el Ministro de la Defensa “perpetuo», entregue sus cabezas en bandeja de plata, mientras pone a salvo sus manchados soles de oro. Ese es el miedo que cunde por las ruinas de esa descalabrada revolución que perdió su encanto y desdibujó su efímera épica ahora trastocada en decepción.



Ese sentimiento perverso de miedo ya lo hemos derrotado cuando hicimos las elecciones primarias, superando todas las trabas y maniobras puestas en marcha por Maduro y sus socios y normalizadores. 



Esa vez vencimos a los que encarnaban el miedo que les infundía saberse, de antemano, perdedores en esa consulta que María Corina ganó con sobrada ventaja. 



Seguidamente, derrotamos ese miedo que los incitó a inhabilitar a María Corina, rumiando que sacándola de la competencia tendrían la ronda de la trampa despejada. Se equivocaron y lo saben. Por eso el miedo los sacudió. 



Entraron en modo iracundo, sobre todo cuando postulamos un candidato unitario, Edmundo González Urrutia, quien, junto a María Corina, movilizaron a un pueblo que despuntó y protagonizó la hazaña de superar las barreras del miedo que el régimen había colocado en la ruta electoral, pensando que impediría que la ciudadanía fuera capaz de salir a votar masivamente el pasado 28 de julio.



Maduro es, sin duda, el miedo a vencer. Maduro lleva encofrado en su temblorosa humanidad ese sentimiento que descubre a los cobardes que no pueden con el peso de esa expiación imperdonable. 



Lo admirable es que la ciudadanía ha logrado hacerle morder el polvo de la derrota apelando a su coraje indescriptible. Mujeres y hombres provenientes de todos los sectores del país, han demostrado que sí era posible provocar a Maduro y a sus esbirros ese pánico que los convierte en seres desquiciados y por lo tanto peligrosos, ya que arremeten con esa furia propia de los asustadizos que se valen de las acciones propias de la brutalidad. 



De allí las detenciones arbitrarias en masa. Por eso la amenaza desvergonzada y sanguinaria del “baño de sangre”. Saben que perdieron y pretendieron ocultar el miedo a admitir la capitulación, con la ramplona servilleta con que el bufón Elvis Amoroso ensayó la guasa de hacerla pasar por acta de proclamación, aquella triste célebre madrugada del 29 de julio.



En contraste con ese miedo que describe a los salvajes, oscila el miedo natural que experimentamos los seres humanos cuando nos encontramos frente a una percepción de brusquedad que nos muestra un peligro cierto o imaginario, como ese embotamiento que nos condujo a descartar las advertencias que oportunamente nos hacían a los venezolanos, cada vez que nos prevenían de que “íbamos camino a sufrir lo que ya venía padeciendo el pueblo cubano”. Ahora estamos escarmentando esa torpeza.



Maduro tiene miedo de perder el poder que usurpa y que lo usa para escudarse del repudio colectivo que exige que abandone desde ya ese mando. Su miedo es propio de los que no tienen razón. 



Miedo a la libertad de expresión, miedo a la opinión libre y soberana de los ciudadanos, miedo a tener que rendir cuenta de sus actos indebidos y un nebuloso miedo a quedarse perdido en la soledad de sus miserias. 



Sobre esta situación en Venezuela los líderes de la comunidad internacional deberían sentir miedo de que el mecanismo del voto en elecciones libres se desprestigie, a tal punto de que se concluya que de nada vale participar en procesos electorales, si luego mandatarios de estirpe autoritario impondrán sus tentaciones dictatoriales.



En cambio, el miedo que congrega y activa a la gente, es esa sonora alarma que desata el solo hecho de pensar que estaríamos condenados a sobrevivir bajo una feroz dictadura. 



El miedo a perder el futuro, a continuar hundiéndonos en este abismo de infortunio y resignarnos a descartar la posibilidad de volver a vivir reunificados en familia. En definitiva, esta es una lucha entre el bien y el mal. Ya estamos claros en que esquina se ubica el miedo de cada cual.



@Alcaldeledezma

EL MIEDO ES MADURO

Los venezolanos que exigimos justicia, para que no queden impunes los miles de crimines de lesa humanidad perpetrados por funcionarios del régimen chavomadurista, a lo largo de estos 25 años de barbarie, nos resulta demasiado lenta la tramitación de los fallos que hemos venido solicitando ante la Corte Penal Internacional. No nos animan sentimientos vengativos, eso lo hemos explicado, una y otra vez, cada vez que acudimos a cualquier instancia internacional, o cuando participamos como expositores o relatores de todas las atrocidades cometidas.



En las más recientes diligencias puestas en marcha, como la efectuada cuando un grupo de ciudadanos acudimos a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el pasado lunes 18 de noviembre del presente año, escuchamos de voceros de algunas fuerzas políticas representadas en ese foro, argumentos como el que se fincaba en “el inconveniente de no interferir en la autonomía de la Corte Penal Internacional”. Ese mismo silogismo se percibió de labios de parlamentarios que forman parte del Congreso de Diputados de España, el día 10 de diciembre, después que la brillante exponente de la tragedia venezolana, Cayetana Álvarez de Toledo desplegara su tesis titulada “Yo Acuso”, que le permitió detallar, en pocos minutos, la hilera de violaciones de los más elementales derechos humanos de ciudadanos venezolanos, pero también de origen español, portugués, Checo, italiano, estadounidenses y argentino.



Para despejar cualquier duda que se pudiera haber desprendido de esos razonamientos o excusas, para negarse a acompañar nuestra lucha, quiero traer a colación algunos testimonios dados a conocer recientemente por expertos en el tratamiento de esta materia tan delicada que ocupa nuestra atención y nos motiva a redactar esta crónica.



Tenemos la reacción de un prestigioso jurista que ha consagrado buena parte de su carrera a defender o a ventilar los temas relacionados con los derechos humanos. Se trata del Dr. Claudio Grossman, quien resolvió separarse de la Corte Penal Internacional, como una forma de quejarse, después de concluir que se evidencia una delicada e injustificada anomalía, por lo que considera un fracaso injustificado del fiscal de dicha corte, a la hora de “acusar a miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad”.



Claudio Grossman, oriundo de Chile, con una rutilante carrera académica, que comprende haber sido exdecano de la facultad de Derecho de la American University en Washington y expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, asumió la responsabilidad como asesor especial del fiscal de la CPI, Karim Khan, a partir del año 2021, tarea que cumplía cabalmente sin percibir remuneración alguna, simplemente lo animaba la sublime aspiración de poder asesorar al Fiscal Karim Khan, sobre la creciente escalada de violaciones de los derechos humanos en Venezuela y su deseo de que se hiciera justicia oportunamente. En un rotundo mensaje enviado a Khan, Claudio Grossman precisa que “sus estándares éticos ya no le permiten permanecer en silencio mientras el gobierno de Maduro continúa cometiendo abusos, expulsando a diplomáticos extranjeros y obstruyendo el trabajo de los observadores de derechos humanos de Naciones Unidas, sin que haya ninguna acción por parte de la CPI”.



El calificado jurista Claudio Grossman es del criterio de que “ya no puedo justificar la elección de no tomar las medidas serias correspondientes contra los autores de las graves violaciones”.



Otra reacción en ese mismo sentido la asumió la&nbsp;abogada principal&nbsp;de la Oficina Pública para la&nbsp;Defensa de las Víctimas de la Corte Penal Internacional, la jurista italiana&nbsp;Paolina Massidda,&nbsp;que compartió en un evento público realizado en Madrid, su personal criterio de la importancia que tiene ejercer “la presión política internacional y del ‘coraje’ de las víctimas de la represión en Venezuela que puedan prestar su testimonio para dar&nbsp;impulso a la causa&nbsp;abierta por&nbsp;los presuntos abusos cometidos en la Venezuela”. Posteriormente la Dra. Massidda confeso públicamente su preocupación por el retardo que se observa en la tramitación de las denuncias y la correlativa aplicación de sanciones para los responsables de las violaciones articuladas en la causa que se inició a raíz de las&nbsp;movilizaciones opositoras de 2014, causa a la que se suman los expedientes que contienen las pruebas de las recurrentes violaciones acontecidas tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio”.



Otro hecho significativo lo protagonizó el expresidente colombiano Andrés Pastrana, acudiendo el 6 de septiembre del presente año a la sede de La Corte Penal Internacional en La Haya, asistido del letrado español Blas Jesús Imbroda y actuando en representación de 32 exmandatarios de diferentes nacionales, para consignar un documento en el que se solicita la aplicación, sin mayores demoras, de las medidas correspondientes según el estatuto de Roma, contra el dictador Maduro y sus colaboradores, por los métodos represivos contra la población y la persecución política a líderes sociales. Se trato de una diligencia inédita, tal como la evaluaron los medios internacionales, partiendo del hecho cierto de que “nunca antes un grupo de expresidentes de diferentes nacionalidades ha recurrido a esta instancia contra un gobernante, en este caso Maduro, considerado un dictador por sus métodos represivos contra la población y la persecución política a líderes sociales”.



En conclusión, la verdad es que nadie está interfiriendo en la autonomía de la CPI, lo que se pide es celeridad para contener la masacre que continua ejecutando Maduro y sus cómplices. También ya ha quedado más que claro que es una quimera esperar que los funcionarios que fungen como fiscal o como jueces en Venezuela, que no son más que piezas del aparato represivo que le sirve a los fines persecutorios de Maduro, “hagan justicia”. Por lo tanto,&nbsp; resulta una necedad alargar la discusión sobre “la aplicación al caso del&nbsp;principio de complementariedad,&nbsp;que es el que establece que la Corte Penal Internacional&nbsp;solo puede ejercer jurisdicción cuando los sistemas legales nacionales no lo hacen, cuando se demuestra que no están dispuestos o no pueden llevar a cabo realmente los procedimientos”.



@AlcaldeLedezma

Opinión